El BOE recogió el 29 de noviembre la Orden de Precios de Referencia correspondiente a 2017, si bien su entrada en vigor —y su ahorro estimado de 88 millones de euros— llegará a las farmacias en enero de 2018. La publicación de esta Orden venía demorándose en los últimos meses, en buena parte por el análisis que estaba haciendo el Ministerio de Sanidad respecto a cómo aplicar lo estipulado en varias sentencias del Tribunal Supremo que invalidaban diversos conjuntos creados en órdenes anteriores (la versión oficial ha negado siempre esta relación).
En concreto, las sentencias del Tribunal Supremo coincidían en que la clasificación ATC no es por sí misma una referencia válida para agrupar medicamentos en torno a conjuntos, por lo que anulaba parcialmente las órdenes de precios de referencia de 2014 y 2015.
En una suerte de “sí, pero no”, de recordar para luego obviar, la OPR ahora publicada alude a dichas sentencias en su preámbulo pero sin aplicar las consideraciones del Supremo. En concreto, se indica que “en relación con determinados conjuntos de referencia, cumple significar que, en aplicación de las indicaciones recogidas en las correspondientes sentencias, se ha justificado adecuadamente la postura de la Administración respecto a la no variación en esta nueva orden de algunos de los conjuntos afectados”. Ahora bien, esa “justificación adecuada” no aparece en el texto.
En valoraciones a EG, los juristas que representaron a las compañías en estos litigios manifiestan su “absoluta sorpresa”. ordi Faus, socio del despacho Faus & Moliner cree que el 29 de noviembre de 2017 “es un día negro para el estado de derecho”. Más a fondo, Faus analiza que “una vez el Tribunal Supremo ha dictaminado en sentencia firme que dos principios activos son distintos,es inaceptable que el Ministerio los incluya en el mismo conjunto de referencia al amparo de una mención en el preámbulo de la Orden señalando que se ha justificado adecuadamente la postura”.
También desde el bufete Jausas se indica que ““la lectura que ha realizado el Ministerio sobre estas sentencias es insuficiente, lo que conducirá inevitablemente a una nueva oleada de recursos contra la nueva Orden”.
