El Pleno del Parlamento de Galicia dio su visto bueno el pasado 7 de mayo a tramitar la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica regional, con la que se renovará y actualizará la hasta ahora vigente de 1999. Esta norma continuará su tramitación al ser rechazada con los votos negativos (37) del PP —formación que gobierna con mayoría en Galicia— una enmienda a la totalidad del texto presentada por la formación En Marea.
Antes de ser sometida a votación esta enmienda a la totalidad, el proyecto de ley fue presentado ante el Parlamento por el consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez Almuñia, quien destacó que la nueva norma “da respuesta a las nuevas necesidades y demandas de pacientes y profesionales”. Cabe recordar que como alguna de sus principales novedades, la nueva norma introducirá una fase de traslados previa ante cualquier futuro concurso de nuevas farmacias —en la cual tendrán prioridad los farmacéuticos rurales titulares de boticas VEC—. Además, amplía de 3 a 15 años el plazo mínimo para poder transmitir intervivos una farmacia (y a diez años para que el transmisor pueda concurrir a un concurso) y posibilita la atención farmacéutica domiciliaria en determinadas situaciones y siempre bajo el conocimiento y coordinación con el resto de profesionales sanitarios.
En este aspecto, el consejero concretó que la atención farmacéutica domiciliaria solo será ofrecida “a aquellos pacientes que por sus condiciones (físicas o de salud) no puedan desplazarse a la oficina de farmacia”. Literalmente, la norma señala a pacientes “de zonas rurales con características y necesidades asistenciales específicas, entre ellas la pérdida de autonomía funcional y necesidad de cuidados específicos por enfermedades crónicas”. El resto de grupos parlamentarios mostraron dudas en torno a este servicio. Por ejemplo, desde el PSOE se considera que supone “amazonizar (sic) las farmacias” y situar la dispensación de medicamentos “al mismo nivel que el reparto de pizzas”, indicó su parlamentario Julio Torrado. También desde el BNG se muestra preocupación por el hecho de que “se abran las puertas de los domicilios a las farmacias”, expuso Montserrat Prado.
