Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 12 de julio de 2019 h |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado su primer mandato en tres ejes: la inmigración, la recuperación económica y la reducción del precio de los medicamentos con patente. Sólo en el tercero no ha tenido éxito. La política farmacéutica de Trump no ha dado los frutos deseados principalmente debido al bloqueo del Congreso, que desde hace años frena la reforma legal que permitiría a Medicare negociar precios. A poco más de un año de los comicios presidenciales —noviembre de 2020—, Trump ha decidido aumentar sus avales ante los votantes atajando el problema de raíz: bajando los precios a través de una orden ejecutiva, es decir, por decreto.

La orden ejecutiva es la herramienta que permite al presidente de Estados Unidos aprobar una ley sin el visto bueno del Congreso. Tiene rango de ley, con todo lo que ello implica. No puede atentar contra leyes en vigor o la propia Constitución, pero puede ser revisada por un tribunal. Y el Congreso, por su parte, no puede suspenderla, pero sí reformarla. La ahora anunciada vendría a responder a otra de las obsesiones de Trump en el apartado farmacéutico: no es solo que los precios en USA sean altos y no paren de crecer en el contexto del país, sino que son altos en comparación a los de otros países.

La solución en la que trabaja el Departamento de Salud ha sido bautizada como ‘Cláusula de Naciones Favorecidas’. “Durante años, otras naciones pagan menos que nosotros por los medicamentos —ha dicho Trump en declaraciones a medios estadounidenses— “Estamos trabajando en una Cláusula de Naciones Favorecidas que nos permita para pagar el precio más bajo de otro país”.

Hasta donde se sabe, la orden dará forma al Índice de Precios Internacionales que Trump ya anunció a finales de 2018, y mediante el cual pretendía basar el precio de medicamentos de la parte B de Medicare —la que cubre entre otros los gastos de la asistencia especializada, como los tratamientos oncológicos— en función de los precios de 17 países: Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido.

Se da por hecho que, de aprobarse, esta orden no afectaría solo a Estados Unidos, sino que traspasaría sus fronteras. “Si la industria quiere seguir manteniendo precios más elevados, presumiblemente tendrá que incrementarlos en otros países y bajarlos en Estados Unidos”, aseguró la republicana Nan Hayworth durante una entrevista en Fox News. Más allá, varios analistas alertan de un impacto global, toda vez que muchos de los países incluidos en la cesta de Trump utilizan a su vez el Sistema de Precios de Referencia Internacional (SPRI).

La patronal de la industria farmacéutica innovadora estadounidense, la PHRMA, está acostumbrada a las declaraciones de intenciones de la Casa Blanca, que en las últimas semanas se ha pronunciado a favor de la transparencia en precios —fue en la última Asamblea Mundial de la Salud— o de leyes impulsadas en algunos estados para importar fármacos de Canadá. Ahora, la patronal ha querido desmentir, a través de una encuesta a sus socios, el “mito” de que el Índice de Trump no vaya a afectar al empleo o a la inversión en I+D. El sector augura recortes específicos en cáncer, en terapia genética y celular y peligro en la continuidad, según la mitad de las compañías, de más del 20 por ciento de sus proyectos actuales.