El fallecimiento de varios internos por sobredosis de medicamentos en centros penitenciarios españoles durante el pasado puente de la Constitución ha reabierto la polémica sobre la efectividad de la política farmacéutica en las instituciones penitenciarias de nuestro país.
Esta situación, denunciada en repetidas ocasiones por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), se deriva de la ausencia de farmacéuticos especialistas en la mayoría de los centros penitenciarios en los que se manejan habitualmente medicamentos de alto riesgo y que requieren un estricto control para su dispensación y seguimiento terapéutico. Además, vulnera la legislación en materia de ordenación farmacéutica y gestión del medicamento que realizan las Instituciones Penitenciarias.
Tanto los servicios de inspección de las comunidades autónomas como el propio Ministerio de Sanidad conocen las condiciones en las que se encuentra la sanidad penitenciaria en España y, particularmente, la prestación farmacoterapéutica, que dista mucho de las condiciones de igualdad efectiva que exige la ley y el propio Reglamento Penitenciario para los internos.
La abdicación de funciones y la inacción de las autoridades sanitarias encargadas de inspeccionar y exigir el cumplimiento de la Ley en materia sanitaria y de ordenación farmacéutica han provocado que cada vez haya más fallecimientos por ingerir sin control medicamentos en las cárceles españolas. Además, sucede especialmente durante los fines de semana y puentes, cuando los servicios de farmacia se cierran por la ausencia de facultativos, a los que hay que sumar el alarmante aumento de muertes por reacciones adversas a psicofármacos en algunas CCAA en los últimos meses.
Entre las funciones del servicio de farmacia –también en el ámbito penitenciario– están las de garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia y dispensación de los medicamentos precisos en el centro. Igualmente son los responsables legales de establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta administración y velar por el cumplimiento de la legislación sobre medicamentos de sustancias psicoactivas o de cualquier otro medicamento que requiera un control especial.
Así, sin la existencia de servicios de farmacia que cumplan todos los requisitos legales y cuenten con la presencia afectiva y actuación profesional de los farmacéuticos especialistas necesarios para su buen funcionamiento, será imposible atender y gestionar de forma eficaz la farmacia penitenciaria.
Ante la “dramática” situación de la farmacia penitenciaria, la SEFH considera necesario y urgente la puesta en marcha del proceso de transferencias de la sanidad penitenciaria a los servicios autonómicos de salud, integrando también el ámbito asistencial. Además, la SEFH cree que la inspección farmacéutica de cada una de las Comunidades debería actuar inmediatamente para terminar con la situación actual de incumplimiento legal por parte del Ministerio del Interior.
