¿Cómo combinar la gestión sanitaria de la inversión, y acceso, a innovaciones tecnológicas y terapéuticas? Esa es la pregunta a la que Antares Consulting (con la participación de reconocidos expertos) ha querido dar respuesta organizando una jornada este 31 de enero en Madrid, la cual ha servido asimismo para conmemorar su vigésimo aniversario.
Como introducción a la intervención de los expertos, Joan Barrubés, miembro de Antares Consulting, recordaba en la conferencia inaugural que la innovación se ‘auto-financia’ por sí sola, y enumeró varias propuestas para implantar una mayor “cultura de la innovación” en el sistema sanitario nacional. Entre ellas: continuar con el esfuerzo por mejorar los instrumentos de evaluación (coste-eficacia); aprender a medir su valor; liberar las rigideces existentes en la gestión de organizaciones y estructuras; y fijar objetivos de inversión mediante “la fijación de presupuestos mínimos para innovación”.
Posteriormente, Félix Lobo, experto en Economía y otrora director general de Farmacia del Ministerio y director de la Agencia de Seguridad Alimentaria (Aesan), recordó que la importante deuda pública que acumula España también afecta a la vulnerabilidad de la economía nacional y, por ende, a la inversión en innovación. “Si no mantenemos el crecimiento económico, es imposible incorporar la innovación”, cree. Este experto también ha señalado la importancia de la evaluación y reevaluación por parte los poderes públicos, las cuales “no deben ser vistas como barreras de acceso, sino de ayuda” para incorporar la innovación.
En este objetivo, Lobo ha ensalzado entidades como el NICE británico creadas por la propia Administración para liderar estas evaluaciones y que, en España, y salvando las evidentes diferencias, solo tiene comparación en la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. No obstante, esta Red “es insuficiente y no tiene capacidad vinculante”, ha lamentado Lobo.
El actual profesor emérito de Economía de la Universidad Carlos III también se ha referido a la vía que suponen los acuerdos de riesgo compartido para dar entrada a los medicamentos innovadores. “Son acuerdos que equilibran la balanza de riesgos contractual entre comprador y vendedores. Si bien no se trata de la panacea absoluta y tienen un alcance limitado, así como aún cierta falta de transparencia, sí es una herramienta positiva”, ha valorado al respecto.
Su compañero en esta mesa de debate, Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche, ha añadido que para optimizar estos acuerdos de riesgo compartido y que sean más justos “debe establecerse un consenso sobre qué valorar y cómo interpretarlo”. A su parecer “la financiación de las innovaciones (medicamentos) basada en valor solo será útil si hay consenso en la medición e interpretación de los resultados en salud”.
El representante de Roche ha recordado que el acceso a la innovación exige buscar fórmulas de financiación “que sean sostenibles tanto para el fabricante como para el comprador (Administración)”. En este campo, ha expuesto que España (y resto de Estados) se enfrenta a un reto inminente: cómo gestionar la financiación de combinaciones. “En los próximos años van a llegar más de 200 combinaciones en inmunoterapia para el campo de la Oncología. ¿Cómo se van a gestionar las condiciones de precio y financiación para cada indicación?”, cuestiona.
En este sentido, desde la compañía Roche se apuesta por desterrar el modelo basado en un precio único para todas las indicaciones de un producto y “avanzar” hacia un modelo de precio y financiación “basado en el valor”. Un modelo de financiación que permitiría diversas alternativas: por indicación, por combinación y por resultados”, ha puesto como ejemplos su director de Corporate Affairs.
“La RWE (Real World Evidence) y RWD (Real World Data) abren nuevas vías para esta financiación por indicación”, considera. Ahora bien, en el ‘debe’, Plaza vuelve a señalar la falta de desarrollo de la medición de resultados en salud en España.
Cabe recordar que Roche ha desarrollado un modelo de financiación por indicación (MFI) que ha puesto a disposición tanto de Ministerio como de Comunidades Autónomas. Si bien Plaza ha confirmado que ocho CC.AA ya trabajan o están en proceso de implantación de este sistema personalizado de reembolso, a nivel ministerial se manifiestan más reticencias. “Su implantación tecnológica es sencilla, la barrera es más de voluntad política y que haya predisposición a que Gobierno y CC.AA quieran compartir datos”, ha valorado.
