La falta de evaluación económica es una carencia reconocida de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) desde su nacimiento que podría tener los días contados. Según Isabel Pineros, vocal asesor de la Dirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial está trabajando internamente “para mejorar aún más, si cabe”, los IPT, incluyendo esa parte que le faltaba.
No sería el único cambio en el que, supuestamente, se estaría trabajando en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, si se tiene en cuenta que sigue pendiente de ejecución la voluntad manifiesta del Ministerio de Sanidad, manifestada por sus dos últimas titulares, —Carmen Montón primero y María Luisa Carcedo después—: modificar los IPT para asegurar que se dispone de un documento de referencia valioso para la gestión farmacéutica que evite las revaluaciones a nivel autonómico o incluso hospitalario.
Reconociendo la dificultad de la tarea, Pineros resalta que, a la hora de hablar de incluir la evaluación económica en los IPT, hay “premisas” que salvar. Y una muy importante es, para empezar, conciliar la evaluación económica con la capacidad administrativa necesaria para integrar esta nueva información.
