A falta de conocer qué ocurrirá con Castilla y León y País Vasco, ocho comunidades autónomas tendrán muy difícil cumplir con los objetivos de estabilidad en 2017. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el esfuerzo requerido a estas regiones no se encuentra sustentado en sus presupuestos. A falta de medidas, alcanzar los objetivos parece improbable para Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana, y muy improbable para Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia.
A pesar de todo, la AIReF considera factible que el conjunto del subsector autonómico alcance los objetivos. Este escenario descansa en la actualización de los recursos del sistema de financiación comunicados en octubre en un contexto de prórroga de los PGE. Pero en caso de que dicha actualización finalmente no se produjera, la valoración de la AIReF para el subsector empeoraría, pasando de factible a improbable.
Según la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, Hacienda “tiene que actuar” y activar las medidas preventivas no automáticas incluidas en la ley. No es la primera vez que la AIReF pide ‘mano dura’ a Montoro. En este último informe le sigue “llamando la atención” que Hacienda no utilice estas palancas. La fijación de objetivos de estabilidad diferenciados; la aplicación rigurosa de la regla de gasto, sin consolidar hacia delante los incumplimientos pasados; así como el diseño de un marco de actuación plurianual en el que los Planes Económico-Financieros deben jugar, según la AIReF “un papel sustantivo y no sólo formal como hasta ahora”, lo que a su juicio permitiría aumentar la probabilidad de cumplimiento del objetivo fijado.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Hacienda “tiene que actuar”
El hecho de que el cumplimiento del objetivo a corto plazo de estas ocho autonomías esté en entredicho empeora sus riesgos para la sostenibilidad en el medio y largo plazo. La ley dice que la deuda de cada autonomía no debe exceder del 13 por ciento del PIB en 2020 y hay comunidades que pueden conseguirlo (País Vasco, Madrid y Canarias) pero según las estimaciones Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha tardarán casi 30 años, hasta el año 2045.
Las implicaciones para el gasto sanitario son evidentes. Hasta ahora, uno de los indicadores más claros de las dificultades económicas por las que atraviesan las comunidades se ha manifestado en el retraso en los pagos a proveedores, y ahí Hacienda sí que ha actuado. En 2016 retuvo recursos a Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana, puso en alerta a Baleares, avisó a otras ocho comunidades y vinculó la adhesión al FLA a la evolución del gasto sanitario y farmacéutico mediante techos de gasto.
Las regiones también han respondido apuntando a Sanidad. Aragón y Cantabria crearon Comisiones de Farmacia; Castilla-La Mancha ha apostado por sustituir biológicos y estudia importar las subastas andaluzas; Extremadura ha anunciado un programa de intercambio de equivalentes terapéuticos en las farmacias. Y como guinda del pastel, las comunidades han logrado con éxito que la financiación sanitaria y farmacéutica ocupen un puesto importante en el debate del modelo de financiación.
