Guillem López-Casasnovas es uno de los economistas de la salud más reconocidos del país. Director del Centro de Investigación Economía y Salud (CRES), de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y catedrático de economía de esta universidad, sus artículos son un análisis de referencia sobre el sistema sanitario.
Pregunta. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo del CRES?
Respuesta. Somos un centro universitario de investigación con amplia presencia. Hemos hecho estudios sobre problemas de desabastecimiento de fármacos, precios de referencia internacionales, participamos en proyectos europeos… Y tenemos un acuerdo con el Hospital Clínic de Barcelona por el que buena parte de la investigación en economía de la salud que realizan en este centro la hacen con nuestros investigadores.
P. ¿Cuál es el modelo más adecuado para incorporar la innovación?
R. Yo defiendo un sistema como el del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Hay un acuerdo de base parlamentaria en el que se decide que no se puede financiar todo. Y se establece un sistema para ver si lo que se compra aporta más que lo que hay que sacrificar para obtenerlo. Hay que ponerse de acuerdo en lo que se entiende por costes y en cómo medir resultados, por ejemplo, como se hace con el cuestionario de calidad de vida EuroQol. Así, se establece que 1 es salud perfecta y que 0 es falta absoluta de salud, es decir, muerte. Imaginemos un grupo de afectados valorados como 0,5 porque con su patología sufren dolores que les impiden trabajar. Y aparece un fármaco que les quita los dolores y convenimos que pasan a puntuar 0,8. Si teníamos 4.000 pacientes en 0,5 y este fármaco se puede aplicar a todos ellos, multiplicando por el aumento de resultado nos da una ganancia de 1.200 AVAC (años ganados ajustados por calidad de vida). Pero hay que ver cuánto cuesta el nuevo fármaco en comparación al anterior aplicado a un determinado número de pacientes, y puede ofrecer peor resultado relativo. En general se puede considerar que si una tecnología innovadora no supera un umbral (que los ingleses determinan en 20-30.000 libras), la tendencia es proponer su incorporación. Pero el responsable político tiene la última palabra, ya que el NICE recomienda pero no obliga. Así que el responsable político puede incorporar un fármaco que no cumple estos criterios porque es un medicamento huérfano, por ejemplo.
P. Recientemente, los países europeos, entre ellos España, firmaron una declaración para negociar conjuntamente con la industria sobre la fijación de precios de los medicamentos. ¿Cree que es una medida deseable?
R. Veo muy difícil llevarla a cabo, y la idea de la gestión conjunta está en contra de la autonomía de gestión. A nivel local, un hospital comarcal aplaude la compra conjunta porque obtendrá mejores precios, pero un hospital grande pierde los incentivos que tenía, ya que la industria sabe que lo que le dé irá para todos.
P. ¿Cómo debería ser el equilibrio entre sanidad pública y privada?
R. Haría falta un marco más identificable. El sector público no define suficientemente su cartera de servicios, porque lo ofrece todo o casi todo con calidad variable. La privada juega con aspectos más de calidad percibida como listas de espera en temas de salud más subjetivos.
