J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 26 de enero de 2018 h |

Los propósitos de año nuevo suelen diluirse pasadas una semanas. Este también es el caso de la intención ministerial de convocar un Consejo Interterritorial para enero. La fecha la puso Dolors Montserrat en noviembre —en la rueda de prensa posterior a la reunión con las comunidades— e incluso anticipó varios temas que conformarían el orden del día de la cita. Pero el cónclave no se va a producir en fecha y la propia ministra lo reconoce. Además, tampoco se dará mucha prisa en convocar a las comunidades autónomas. “Estamos ultimando el orden del día así que lo celebraremos seguro en este primer trimestre”, afirmó la ministra, quien seguidamente aseguró a EG que su intención es que sea en febrero.

La situación actual, según las palabras de Montserrat, es que Sanidad está trabajando internamente en configurar el orden del día que se presentará posteriormente a la Comisión Delegada. Esta cita, que suele producirse una semana antes que el Interterritorial entre representantes de las consejerías de Sanidad y el secretario general del Ministerio, Javier Castrodeza, es la encargada de aprobar los temas que abordarán los consejeros de Sanidad con la ministra.

El retraso en la convocatoria del Interterritorial puede deberse a la negociación sobre el nuevo reglamento. En la cita de noviembre las comunidades acusaron a Sanidad de estar aplicando las nuevas reglas sin haberlas aprobado por consenso y, ante la trifulca, Montserrat ordenó aparcar el texto para que se siguieran limando asperezas en la Comisión Delegada. Según reconoció Catrodeza en los esterterores de 2017 las reuniones con representantes autonómicos “se estaban produciendo” pero los avances no acaban de llegar. Si no hay sorpresas de última hora en las negociaciones el Consejo Interterritorial se encontrará con un texto similar al de la última reunión en lo esencial, su naturaleza jurídica.

Polémicas a la vista

La próxima cita, además del interminable debate sobre el reglamento, recibirá a varias comunidades en pie de guerra. Los últimos dictámenes del Tribunal Constitucional, respondiendo a recursos presentados por el Gobierno de la Nación, han suspendido normas autonómicas que defendían la universalidad en la asistencia sanitaria y ayudas presupuestadas para hacer frente al copago. Además, desde el Ministerio de Hacienda ya se ha avisado a las comunidades que sin Presupuestos Generales no habrá incrementos en materia de financiación.

Esta última circunstancia, además, entronca con un debate que las autonomías llevan tiempo pidiendo sin que quede reflejado en un orden del día: la financiación sanitaria. El clima, por tanto, no se prevé muy propicio para acuerdos que conlleven un aumento del gasto para las comunidades.