Mientras que el proyecto de PGE contempla la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas más vulnerables o la reducción del IVA para productos de higiene femenina, se mantiene la aplicación del IVA general (21 por ciento) para los productos sanitarios, una medida que entró en vigor en 2015 y que, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), genera “asimetrías evidentes” si el objetivo es la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
“Procurar los mejores resultados en salud, la mayor calidad de vida posible y el bienestar en condiciones de igualdad debe ser el objetivo prioritario de todo sistema de salud que se precie. Medidas como la de gravar con un IVA general a los productos sanitarios pueden provocar dificultades de acceso, de cumplimiento y de adherencia al tratamiento con el consiguiente impacto negativo en su salud y en el propio sistema”, afirma el IDIS. No reducir el IVA aplicado a los productos sanitarios, como refleja el Proyecto, no sólo afecta a ciudadanos. El “perjuicio”, recuerda esta patronal de la Sanidad privada, se hace extensivo a hospitales y centros asistenciales públicos y privados y, como es lógico, a la industria, la farmacia y la distribución.
Esta situación justifica, según IDIS, aplicar un IVA superreducido —4 por ciento—, una petición que queda así pendiente de ser recogida por alguno de los grupos parlamentarios de cara a la tramitación de los presupuestos.
