Carlos B. Rodríguez Madrid | miércoles, 18 de septiembre de 2019 h |

Cuatro veces en menos de cuatro años. La incapacidad del Partido Socialista y Unidas Podemos de llegar a un acuerdo de gobierno ha forzado, otra vez, la convocatoria de unas nuevas elecciones. Como consecuencia, los grandes asuntos de estado, entre ellos la Sanidad, de nuevo paralizados ante una nueva situación de interinidad e incertidumbre que se alargará, previsiblemente, hasta febrero de 2020.

A nivel político, el balance sanitario de la que ya es la segunda legislatura más corta de la historia reciente, por detrás de la undécima (111 días de gobierno en funciones de Mariano Rajoy entre el 13 de enero y el 3 de mayo de 2016), se resumen en unas pocas líneas: el paso de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, por el Congreso para informar sobre el brote de listeriosis, y la presentación de un proyecto de Ley de Eutanasia que ahora se sabe, de manera patente, que no llegará a tiempo.

La decisión del rey de no formular una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno inicia de nuevo los trámites de una convocatoria que no será como la anterior. El proceso ahora será más corto, al tratarse de unas elecciones forzadas por el fracaso de una votación de investidura. La duración de la campaña no será de 15 días, sino de 8, debido a una reforma de la ley electorial, precisamente cuando el anterior bloqueo tuvo lugar, en 2016. El coste previsto, unos 140 millones de euros. Y el día para ir a las urnas, el 10 de noviembre.

Propuestas en el limbo

En el limbo quedan de nuevo todas las propuestas, proyectos y textos pendientes de aprobación, como el Real Decreto de Precios y Financiación de los Medicamentos, así como las propuestas sometidas a estudio y que, según el último Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, “podrían implementarse” —podrían haberse implementado— en el “horizonte temporal más inmediato”.

La nueva convocatoria electoral deja en suspenso cinco medidas: la generalización de una “subasta a nivel nacional que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias”; la implantación de una nueva definición del sistema de precios de referencia; la implantación de protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas; la implantación de sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes en el consumo de medicamentos sobre el gasto público de medicamentos en farmacias y la modificación de las medidas de recortes de precios transversales introducidas con el RD 8/2010, eliminando la deducción del 15 por ciento a los medicamentos innovadores y elevando la deducción del 7,5 por ciento a los medicamentos sin patente con más de 10 años de comercialización en España.

La situación de interinidad se alargará, con suerte, “hasta febrero o marzo”, según ha asegurado en la sesión de control al Gobierno el portavoz del grupo vasco en la Cámara Baja, Aitor Esteban. Esto agravará también, como es lógico, las tensiones financieras que acumulan las comunidades autónomas, que en las últimas semanas, y ante la imposibilidad del Ejecutivo en funciones de proceder al pago de los anticipos del sistema de financiación (cantidades que les corresponde a las comunidades autónomas por haber recaudado más de lo que el Estado les entregó en previsión a un nivel de ingresos), han presionado para acelerar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijada para final de año.

Según la consejera de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, esta situación no tiene porqué llevar a las comunidades autónomas a aprobar recortes en sanidad, puesto que la retención de los anticipos pendientes no afecta al pago de servicios públicos esenciales. Pero la idea ya ha rondado sobre algún departamento sanitario, como el valenciano, tras la propuesta formulada hace pocas semanas por Compromis para que, en caso de ajuste presupuestario, Sanidad asuma los mayores ajustes.