Si se trata de escuchar a los expertos de cara a alcanzar buenos consensos en política sanitaria y farmacéutica, el Ministerio de Sanidad ya tiene los primeros consejos para reformar el copago farmacéutico por renta. Economistas de la salud reunidos en las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud, que han tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, han aportado nuevas evidencias sobre el modelo de coparticipación implantado en el año 2012: cargó sobre las familias gastos sanitarios públicos, incrementando las desigualdades, pero no logró disuadir del consumo, como se planteó.
Según Beatriz González López-Valcárcel, expresidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES) y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), entre los años 2006 y 2015 el gasto directo en medicamentos de las familias aumentó un 52 por ciento, mientras que el gasto total en otros conceptos, como la vivienda o a la alimentación, sólo lo hizo en un 3 por ciento. Además, tan sólo año y medio después de su entrada en vigor, la utilización de los medicamentos volvió a los niveles anteriores. “Es decir, las medidas no contribuyeron a un menor consumo de medicamentos y, por lo tanto, no tuvieron un efecto disuasorio, como se había justificado en el RD 16/2012”, asegura la AES en un comunicado.
Topes para algunos activos
Más bien al contrario, lo que sucedió en el camino, según esta economista, fue “una inequidad”, ya que se establecieron topes en el gasto para los pensionistas (se les sumó un gasto fijo mensual a sumar a sus otros gastos, de un máximo de 8 euros para las pensiones bajas), pero no para otros colectivos. “Mientras los pensionistas tienen este techo de garantía, de máximos, los activos no. Y cuando hablamos de activos, hablamos también de parados con muchos hijos a su cargo y que cobran 600 euros al mes. Estos tienen que pagar el 40 por ciento del consumo del precio de los medicamentos, sin límite mensual, con lo que en algunos casos tienen que asumir un gasto catastrófico”, ha asegurado esta economista.
Todo ello ha llevado al primer consejo ‘en firme’ al Gobierno central: si mantiene la apuesta para revertir los copagos, entonces debe tener en cuenta también el factor de los topes en colectivos con menos ingresos.
Al margen del copago, estas jornadas, que se han centrado en los cambios que se requieren en las decisiones compartidas en salud, han permitido a los expertos en economía de la salud relanzar viejas reclamaciones con motivo del cambio de Gobierno. Así, la AES ha reclamado un acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica para avanzar en la transparencia del mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos en España, y, más en concreto, para poner “a la vista de todos” la evidencia científica empleada en la toma de decisiones.
Se trata de “aunar criterios a través del acuerdo” sobre “lo que se tiene que someter a información pública”, que a juicio de los economistas debe ser “la base científica que sustenta las decisiones” de compra de medicamentos y tecnologías sanitarias por parte del Ministerio de Sanidad. El presidente de AES, Eduardo Sánchez-Iriso, ha defendido que esta petición de transparencia se utilice para mejorar la evaluación del coste y la efectividad de los fármacos, algo que no es posible hacer en la actualidad si se desconocen esos informes.
AES considera que la comunidad científica no reclama todo el dossier de valor que aporta la industria porque puede contener “información confidencial”, pero sí la base científica, como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido. En este sentido, la Asociación de Economía de la Salud subraya que “no se trata de hacer de policías de las farmacéuticas” porque la industria “está dispuesta a publicar la información”, un avance que estaría más cercano “si todos los agentes supieran cuáles son las reglas con las que juegan”.
Evaluación
La apuesta por la transparencia en la fijación de precios de medicamentos no es el único recordatorio de los economistas de la salud a la ministra de Sanidad, Carmen Montón. También le recuerdan la importancia de que las decisiones que adopte en materia sanitaria sean “de forma informada” y “en base a la evidencia científica”.
Para lograrlo, le han pedido que fomente la evaluación de las políticas públicas, que permiten determinar el impacto real y la eficiencia de las políticas de salud, cuestiones que son “bandera” para la Asociación de Economía de la Salud. En este sentido, sus responsables, que ya se mostraron muy críticos con la retirada de la tarjeta sanitaria incluida en los recortes del año 2012, han aplaudido la decisión de regresar a la sanidad universal, y han recordado los datos de un estudio presentado el pasado mes de abril por el grupo EvaluAES de la Escuela Nacional de Sanidad, que revelaba que la retirada de la tarjeta sanitaria ha incrementado la mortalidad un 15 por ciento (una media de 70 inmigrantes en situación irregular entre 2012 y 2015) con un mayor efecto en las muertes consideradas evitables y con afección en todas las comunidades autónomas, con independencia del grado de aplicación de la normativa aprobada en 2012.
