Desde hace unos años, los Consejos de Política Fiscal y Financiera tienen tanta incidencia en el devenir de la Sanidad como los Consejos Interterritoriales. De hecho, estos últimos han venido siendo relegados a la gestión de los vistos buenos otorgados por el órgano que ha dirigido Cristóbal Montoro hasta ahora. Incluso en el tema más polémico de la pasada legislatura, la hepatitis C, fue el Ministerio de Hacienda el que prometió unos fondos —que al final no llegaron— para que Sanidad lo gestionara. Ésta es la situación que han dejado tras de sí la crisis económica y el déficit excesivo. Un símil de la fábula de la zanahoria y el burro en el que el departamento que ahora dirige en funciones Fátima Báñez no ha tenido el papel protagonista.
La prórroga presupuestaria que se avecina, con los consiguientes ajustes que se derivan, ha sumido a las comunidades autónomas en una situación similar. Hoy, las comisiones de Hacienda son más relevantes que las de Sanidad para conocer realmente el horizonte que le espera a los sistemas sanitarios en 2017. La semana pasada se vieron diversos ejemplos en los parlamentos autonómico que ponen de relieve que el presupuesto sanitario pocas veces responde a la realidad del gasto.
La Secretaría General Técnica de Hacienda del Gobierno de Aragón reconoció durante su comisión que siete de las ocho propuestas que llevaba a la Cámara eran sanitarias. De hecho, una de ellas fue la petición de 100 millones al Estado para afrontar el pago a farmacias. “Ocurre fundamentalmente en sanidad y pasa porque a nadie se le ha ocurrido la genial idea de, cuando no hay presupuesto, cortar la farmacia, por decir un caso muy sencillo”, ironizó el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.
Rajoy promete el mayor número de datos posibles para que las comunidades puedan elaborar sus presupuestos
También Cantabria vivió un agrio debate en la Comisión de Hacienda por cuestiones sanitarias. La oposición achacó el déficit que ha acumulado esta partida y afeó que, encima, se hubieran cerrado centros de salud. “ Ahora resulta que el problema que tienen es que hay que pagar las competencias en sanidad, que se conoce que se las han cedido a principios de este año”, espetó el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez. Andalucía también recogió durante una comisión una pregunta relacionada con la prórroga presupuestaria que afecta en la partida sanitaria. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que tiene plenas competencias para elaborar su presupuesto más allá de los que ocurra en el Gobierno de la Nación. La cuestión en sí es cierta, si bien, como le recordaron desde la oposición, habría una merma de unos 700 millones derivados de los ajustes del déficit que afectaría directamente a la partida de mayor peso presupuestario: la sanidad. Junto a esta comunidad, Extremadura, Castilla La Mancha o Asturias también debatieron en Comisiones de Hacienda el devenir presupuestario que se le avecina a la Sanidad.
Ante este aluvión de protagonismo sanitario en estas comisiones, derivado de la más que probable prórroga presupuestaria, el Gobierno en funciones de la Nación ha querido tranquilizar a las comunidades. Lo hizo a través del presidente, Mariano Rajoy, quien prometió “el mayor número de datos posible” para que puedan elaborar sus presupuestos.
El presidente en funciones aseguró que no va a haber nuevas cuentas ni tiempo para elaborarlas pero tratará de que esta eventualidad no cree demasiados problemas. “Intentaré que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado genere los menos daños posibles a las comunidades autónomas”, afirmó. En este contexto, Rajoy explicó que “hay algunos asuntos que resolver para tratar de minimizar los daños”, antes de aludir a los “problemas” que la situación de indefinición política provoca en las comunidades autónomas porque “tienen que conocer sus presupuestos”.
Para facilitar la actividad de estas administraciones, el Gobierno “intentará acordar con todas ellas darles el mayor número de datos posibles para que puedan elaborar los presupuestos”. Rajoy especificó que los aspectos más importantes a clarificar son los adelantos a cuenta, el cierre del ejercicio 2015 o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En cualquier caso, la pérdida económica de la sanidad autonómica es más un hecho que una posibilidad y se traducirá en una merma de recursos para 2017.
Sin actividad sanitaria en el Congreso de los Diputados
Durante la formación de la Comisión de Sanidad ya se adivinaba que la actividad iba a estar en ‘stand by’ hasta la formación de un Gobierno. La semana pasada, el Congreso de los Diputados dio a conocer la agenda de plenos y comisiones para el periodo septiembre/diciembre confirmando estas sensaciones. El documento no recoge ni una sola comisión de Sanidad ni tampoco pregunta oral alguna en los plenos ya fijados. No se trata de un documento definitivo porque sí hay posibilidades de convocar una Comisión de Sanidad si existiese voluntad política, pero sí deja entrever que la sanidad sin poder ejecutivo y con los presupuestos en el aire tiene escaso margen de maniobra. Sí que existen preguntas que afectan a la sanidad, pero están orientadas desde una perspectiva económica. “¿Cuáles son las razones por las que el PIB per cápita de las diferentes Comunidades Autónomas es heterogéneo?”, preguntará el diputado por Compromís Ignasi Candela. De esta previsión se desprende que también la política sanitaria nacional está a expensas de saber qué merma presupuestaria tendrá que gestionar de cara al 2017.
