La subasta nacional, un nuevo SPR y un sistema de control periódico del gasto podrían implementarse en el “horizonte temporal más inmediato”

El Programa de Estabilidad remitido a Bruselas no descarta aplicar muchas de las recomendaciones que hace la AIReF, que en 2019 analizará el gasto hospitalario
Madrid
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01 may 2019 - 14:31 h
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El análisis que el Gobierno encargó a la AIReF sobre el gasto farmacéutico dispensado a través de receta médica arroja hasta 19 recomendaciones, siendo cinco las que podrían implementarse “en el horizonte temporal más inmediato”: la generalización de una “subasta a nivel nacional que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias”; la implantación de una nueva definición del sistema de precios de referencia; la implantación de protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas; la implantación de sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes en el consumo de medicamentos sobre el gasto público de medicamentos en farmacias y la modificación de las medidas de recortes de precios transversales introducidas con el RD 8/2010, eliminando la deducción del 15 por ciento a los medicamentos innovadores y elevando la deducción del 7,5 por ciento a los medicamentos sin patente con más de 10 años de comercialización en España. Así consta en el Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno ha remitido a Bruselas.

La aplicación de estas medidas generaría, según el Gobierno, un “ahorro sustancial” en el periodo 2019-2022, suavizando la evolución de esta rúbrica de gasto durante unos años en los que, además, el Gobierno prevé que el gasto sanitario se mantenga en el 6 por ciento del PIB, a menos hasta que se reforme el sistema de financiación. Queda en el aire si en un horizonte temporal no tan inmediato el Gobierno se plantearía adoptar otras de las recomendaciones de AIReF, para quien la racionalización del gasto en medicamentos dispensados en oficinas pasa por “mejorar las iniciativas públicas sobre la oferta y la demanda de medicamentos”. A falta de conocer en profundidad el informe de AIReF, de próxima publicación, este organismo también apuesta por la “revisión de la estructura de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos”, un asunto que precisamente ha sido incluido en el orden del día del Consejo Interterritorial del 8 de mayo.

La apuesta farmacéutica 2019-2022

De implementarse, estas medidas ‘de nueva creación’ vendrían a sumarse a otras de las reformas que ya están en marcha (bien desde que el PSOE llegó al Gobierno o antes), o bien previstas de aplicación, y que también aparecen relacionadas en el Programa de Estabilidad, dando forma así a la apuesta farmacéutica del Gobierno.

En el terreno de las “medidas continuistas”, el Gobierno cita el sistema de precios de referencia de los medicamentos; la aplicación de criterios de coste-efectividad en las decisiones de financiación pública de medicamentos; la gestión de los acuerdos de sostenibilidad adicionales a la financiación, con la aplicación de techos de gasto y coste máximo por paciente; la aplicación del principio de eficiencia en la prescripción de medicamentos en el SNS y la mejora de los sistemas de información de la prestación farmacéutica; la renovación convenio con Farmaindustria y la celebración en 2019 de “comisiones bilaterales” con CC.AA. para evaluar, como ya ocurrió en 2018, la aplicación de medidas de eficiencia con repercusión positiva en la sostenibilidad del gasto.

<p>La subasta nacional, un nuevo SPR y un sistema de control periódico del gasto podrían implementarse en el “horizonte temporal más inmediato”</p>

Por su parte, las medidas que se han desarrollado concretamente desde junio de 2018 (después de la moción de censura) y “a implementar hasta 2021” son la revisión del sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria (en los términos previstos); el desarrollo de medidas para promover la competencia en el sector farmacéutico como elemento clave de la eficiencia; el fomento de los medicamentos reguladores del mercado como son los medicamentos biosimilares y genéricos a través de “un plan específico”; la medición de resultados en salud del beneficio clínico de los medicamentos en la práctica clínica en el SNS (Valtermed); el desarrollo de modelos de financiación de medicamentos basados en el pago por resultados en salud; la introducción de método en la evaluación farmacoeconómica de los medicamentos así como su inclusión en los IPT; la prescripción por principio activo; la modificación del sistema de precios de referencia; la realización de revisiones de oficio de los precios de los medicamentos de dispensación en oficinas de farmacia para el tratamiento de patologías crónicas que tienen un alto impacto en el SNS; y el aumento de la transparencia en la información en materia de gasto farmacéutico. Todo ello además de la Plataforma de Compras Centralizadas, que contribuirá según el Ejecutivo, “a la mejora de las estrategias conjuntas de aprovisionamiento”.

El próximo capítulo, el gasto hospitalario

Con el análisis del gasto de receta no ha finalizado el spending review sanitario y farmacéutico. El 14 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros encargó a la AiReF la segunda fase de la revisión del gasto, que se desarrollará durante 2019 y analizará, entre otras cosas, el gasto hospitalario del SNS.

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Los datos remitidos a Bruselas, de 2017, arrojan un gasto sanitario público de algo más de 69.000 millones de euros, representando el gasto en hospitales el 61 por ciento del total, unos 42.500 millones. Dentro del gasto hospitalario, el gasto en farmacia ascendió a unos 6.200 millones de euros en 2016, casi el 15 por ciento del total, y suponiendo cerca del 30 por ciento del gasto farmacéutico total.

Por otro lado, la mejora de la prestación de los servicios de salud depende en gran medida de la inversión en tecnología, equipo terapéutico y de diagnóstico, tecnología robótica quirúrgica, lo cual también es un elemento de presión sobre el gasto público. Así, la inversión en bienes de equipo en hospitales supone cerca del 2 por ciento del gasto hospitalario total (879 millones de euros), según el documento remitido a Bruselas. “En base a la relevancia que tienen en el gasto hospitalario las partidas de farmacia y de inversión en bienes de equipo, resulta esencial un análisis de las mismas”, asegura el Gobierno.

Prevención y promoción de la salud

El Programa de Estabilidad resalta otro grupo de medidas dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Como ejemplos, cita la incorporación de servicios en la cartera común eficientes a largo plazo, como el cribado de cáncer de cérvix o la creación del catálogo común de la prestación ortoprotésica. “El coste sanitario directo se vería compensado con los gastos evitados por la disminución de costes sanitarios, en el primer caso, y de costes sociales, de reinserción social y laboral y de costes sanitarios por tratamiento de las secuelas en el segundo caso. En los años 2019-2021 se prevén actualizaciones de cartera en esta misma dirección”, añade el Gobierno.

Por último, n el área de los Recursos Humanos se presentan las actuaciones encaminadas a lograr una mayor eficacia y eficiencia tanto en la formación de los profesionales, como en la gestión de las necesidades de recursos humanos como en la estabilidad del empleo en el sector. Así, se resalta que en materia de gestión de recursos humanos, y en aras de reducir la tasa de temporalidad, se está desarrollando la oferta de empleo público global en el sector sanidad.

“Para resolver las dificultades para la cobertura de plazas y puestos en distintas especialidades médicas y dispositivos asistenciales, se ha constituido en el CISNS grupo de trabajo para detectar las necesidades de personal y adoptar medidas para mejorar la distribución geográfica y por especialidades de los facultativos”, explica el Gobierno, que finalmente menciona la aprobación del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. “La participación del personal de enfermería a este nivel incrementa la eficiencia de sistema ahorrando costes al proceso asistencial que antes pivotaba en este caso exclusivamente sobre el personal médico”, señala.

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