J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 14 de julio de 2017 h |

Los datos de pacientes tratados de hepatitis C por comunidades autónomas han estado siempre rodeados de gran secretismo. Incluso en el Ministerio de Sanidad siempre se han escudado en la lealtad institucional para ofrecer los datos sin mencionar la región. Así fue en la Comisión de Sanidad monográfica sobre hepatitis C que tuvo lugar a comienzos de 2017, donde se mostró una tabla similar a la que acompaña este reportaje pero con los territorios escondidos tras una numeración. Hoy EG muestra, con datos actualizados a mayo y ponderados según población —datos del INE por millón de habitantes— qué comunidades han hecho mayor esfuerzo por cumplir con el Plan Nacional desde un punto de vista relativo y no absoluto, que desvirtuaría las cifras al comparar territorios con número de habitantes muy dispares.

La Rioja y Madrid lideran este ránking. La primera de estas comunidades autónomas ha tratado a 2.570 pacientes por cada millón de habitantes. La segunda, a 2.030. A renglón seguido, se situarían los territorios de Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Galicia y Baleares, todos ellos por encima de la media del territorio nacional, que se sitúa en 1.430 pacientes tratados por cada millón de habitantes (66.580 a fecha de mayo de 2017).

La actividad respecto a los tratamientos, al igual que ocurre en la inversión sanitaria per cápita, es muy dispar entre las comunidades autónomas y, en cierto modo, también dibuja una España de dos velocidades que pueden distinguirse geográficamente entre norte y sur peninsular. Tanto Extremadura como Castilla- La Mancha, Canarias y Murcia si sitúan en la parte más baja de este ránking. El caso de la comunidad autónoma que menos pacientes ha tratado —ponderado por población y millón de habitantes— cosecha una cifra que es la mitad de la media nacional y la segunda ni siquiera llega a la cifra de un paciente tratado por cada mil habitantes.

La tabla también refleja el esfuerzo realizado por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y que proporciona cobertura sanitaria a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Este dato alcanza los 1.100 pacientes tratados por cada millón de habitantes, lo que correspondería en este caso a unos 187 pacientes.

Los datos ofrecidos en este reportaje también hacen referencia a la evolución del precio de las terapias indicadas para la hepatitis C y que forman parte del abanico de posibilidades brindadas por el Plan Nacional. En este caso concreto, las cifras han sido facilitadas por el subdirector de Farmacia de la Comunidad Valenciana, José Manuel Ventura, por lo que podrían no coincidir con el de otras comunidades al existir acuerdos de pago por volumen de pacientes tratados. Sin embargo, sí existe un denominador común y es la disminución del coste de los tratamientos. Como regla general, los terapias innovadoras tenían un coste medio a finales de 2015 de 26.604 euros y, doce meses después, el precio medio se situaba en 12.842, un 51,8 por ciento menos.

Otro de los datos que se pueden extraer de esta tabla es la función que ha tenido la competencia a la hora de reducir los precios de las moléculas. La terapia consistente en la suma de simeprevir y sofosbuvir —los dos antivirales de última generación que se financiaron, respectivamente, en agosto y octubre de 2014— es la que mayor valor representó tanto en 2015 como en 2016. Sin embargo, otros medicamentos aprobados con posterioridad como ledipasvir/sofosbuvir —con la suma o no de rivavirina— y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir más dasabuvir tienen un precio mucho más competitivo.

Otro de los datos que pueden extraerse de las cifras aportadas por la Comunidad Valenciana es el esfuerzo realizado en 2015 para hacer frente a los pacientes con grados altos de fibrosis. Esta región trató a 4.106 pacientes aquel año, por los 1.249 a los que ofreció tratamiento un año más tarde. Esta comparación, además, revela que los acuerdos de financiación llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad funcionan más allá del volumen de pacientes tratados, permitiendo a las comunidades autónomas hacer frente a unas facturas menos lesivas con sus presupuestos.