El Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tal y como adelantó EG, superó esta semana el trámite parlamentario del debate a la totalidad del texto y su articulado ya esta a disposición de los grupos políticos para que realicen las enmiendas pertinentes. Tan sólo el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad del texto legislativo pero fue rechazada por el resto de la cámara. Ahora será la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz la responsable del articulado final que regrese al Pleno para su aprobación final.
Alonso fue el encargado de defender el nuevo marco legal. “El texto de esta norma pretende blindar el sistema sanitario, que será básica para la sanidad andaluza y que constituirá un referente en el SNS, al no existir otra de esta naturaleza en el conjunto del Estado”, aseveró. Además, destacó que espera que esta ley abra un debate a nivel nacional para mejorar la sanidad.
El recorrido de la Ley no será tan plácido como el debate del 15 de marzo. Todos los grupos parlamentarios ya le han hecho saber al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que el texto va a ser examinado al detalle y que se enmendará todo aquello que suene a cantos de sirena. Desde Ciudadanos, la portavoz Isabel Albás ya ha avisado que en el capítulo que se refiere al uso racional de medicamentos habrá cambios. Además de presentar “las enmiendas que consideremos oportunas”, la diputada naranja señala que solicitarán la presencia “de todos los agentes implicados” con el objeto de alcanzar un consenso social además de político.
La postura de Podemos es similar. Su portavoz, Juan Antonio Gil de los Santos, ya ha avisado de que no aceptará ningún precepto legal “que no conlleve la financiación suficiente para llevarlo a cabo” y ha anunciado que pedirá al consejero “sentarse y no levantarse hasta que todo tuviera viabilidad económica”.
Dentro del polémico artículo 14 (Uso Racional del Medicamento) es donde el consejería de Salud ha concentrado los preceptos legales más controvertidos. Según se recoge, el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) optimizará y armonizará la selección, adquisición y utilización de los medicamentos en todos sus centros. Tras estas líneas genéricas se ampara el “establecimiento de las estructuras de decisión de selección y adquisición de medicamentos, necesarias para que las personas usuarias puedan acceder a los mismos tratamientos para un mismo problema, obteniendo los mismos resultados en salud y a un mismo coste, con independencia del centro sanitario del SSPA al que acudan”. O dicho de una manera más coloquial, será la base legal para las subastas de medicamentos y las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE) tanto en el ámbito hospitalario (donde ya hay en marcha un acuerdo marco) como en atención primaria. Todo ello unido a una “educación sanitaria” que evite “la sobremedicalización de la población”.
Junto a las medidas de uso racional, el citado artículo también tiene otro precepto donde habrá enmiendas. Se trata de la colaboración público privada entre los centros del Servicio Andaluz de Salud y la industria farmacéutica para, entre otras cosas, actividades de formación. “Las empresas farmacéuticas vendrán obligadas a comunicar a la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma, en los términos y condiciones que se determinen por la Consejería competente en materia de salud, información sobre las aportaciones dinerarias o en especie, ayudas y subvenciones, por la industria farmacéutica”.
