La propuesta que más está dividiendo a los socialistas y populares de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) en el debate sobre la propuesta de Reglamento para modificar el certificado complementario de protección para los medicamentos (SPC) ha sumado dos nuevos adeptos a la causa. Al igual que los eurodiputados socialistas de ENVI, la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara (INTA) y el Comité Económico y Social Europeo de la UE también se han mostrado partidarios de que la dispensa para los genéricos y biosimilares no sea sólo para exportar fuera de la Unión Europea, sino también para la entrada en el mercado de la Unión desde el primer día.
En el caso de INTA, la ponente que ha firmado el informe de opinión —la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez— es clara al manifestar que ni la producción para fines de exportación ni la producción para fines de almacenamiento “van en detrimento de los objetivos jurídicos del sistema del certificado complementario de protección”. Además, la ponente de esta Comisión cree que Bruselas debería llevar a cabo una evaluación futura del reglamento que estudie la eficacia de la exención teniendo en cuenta el doble objetivo de mejorar el acceso a medicamentos asequibles en la UE y de restablecer unas condiciones de competencia equitativas globales para las empresas europeas de genéricos y de biosimilares.
En cuanto al Comité Económico y Social Europeo, sus conclusiones rebaten la postura con las que el PP se opone, en principio, a una dispensa con fines de almacenamiento. De hecho, el órgano consultivo europeo da la bienvenida a una propuesta que, resalta, “deja intacta” la protección SPC en el mercado europeo.
