C.M.L. / J. R-T Madrid | viernes, 04 de enero de 2019 h |

No sólo hay que ser, sino parecer. Este famoso refrán bien puede aplicarse al trabajo llevado a cabo por la Comisión de Sanidad del Congreso a lo largo de 2018. Los diputados no han sido ajenos al debate político en torno a la sanidad, pero ello no ha supuesto trabas para cerrar un año que ha sido productivo… aunque no lo parezca. En el último periodo de sesiones la unanimidad en las aprobaciones de PNL ha marcado la tónica de los encuentros parlamentarios. Pero este laborioso esfuerzo por llegar a consensos tropieza con la misma piedra: caen en saco roto al no ser de obligado cumplimiento.

En total, entre los meses de julio a diciembre se han celebrado ocho comisiones de Sanidad en la Cámara Baja, de las que cuatro se han centrado en debatir PNLs; tres en abordar comparecencias; y una en defender una Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, presentada por Ciudadanos. Con respecto a las cuatro sesiones centradas en sacar a adelante las distintas PNLs, el Grupo Popular, el PSOE, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto han visto consenso en el cien por cien de las iniciativas abordadas. Llama la atención de que la mayoría de ellas fueron por unanimidad. Entre ellas, cabe destacar la PNL relativa a potenciar los tratamientos contra el cáncer o la iniciativa centrada en facilitar el proceso de implementación de la PrEP en España. Hay recordar que cada formación tiene como máximo un cupo de iniciativas a presentar, en proporción al número de escaños: el PP tiene tres, PSOE cuenta con dos, Podemos y Ciudadanos una cada uno.

En relación a su cumplimiento, que al no ser obligatorio podría trasladar una imagen errónea del trabajo del Congreso, los propios diputados han reclamado en varias ocasiones que las propuestas sean vinculantes, ya que son iniciativas sin rango de ley, en las que instan al Gobierno a trabajar sobre ese aspecto concreto. Reformular este aspecto es algo en lo que coinciden los diputados, para que los acuerdos no se queden en saco roto.

Primer semestre del año

Durante el primer periodo de sesiones (desde enero hasta junio) los diputados también han sacado adelante iniciativas de gran trascendencia, como la financiación de los sistemas flash o la reducción del precio de los medicamentos desfinanciados.

En cuanto a comparecencias, la Comisión de Sanidad ha estado bien servida. No sólo dio la bienvenida en primavera al por entonces secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, sino también a las dos ministras de Sanidad de Pedro Sánchez.

La universalidad estrenará el año

A expensas de que el Congreso retome su actividad y se pueda conocer el calendario de sesiones de la Comisión de Sanidad para los seis primeros meses del año, hay una cita ineludible: la Ley de Universalidad. A tenor de los debates previos (el PP presentó una enmienda a la totalidad) se espera que se rompa la unanimidad pero no el consenso. El Gobierno tiene atados los votos que le permitieron a Pedro Sánchez sacar adelante la moción de censura pero el espíritu es sumar cuanto más votos mejor. Es en este escenario donde entra en juego Ciudadanos, quien mantuvo una posición ambigua durante la convalidación del Real Decreto-ley que precede a esta futura norma.

El periodo de presentación de enmiendas para este proyecto de Ley acabó el pasado 19 de diciembre y ahora le toca el turno a la negociación política. Ciudadanos ha presentado ocho enmiendas con las que tendrá que lidiar el resto de grupos para poder sumar a la formación naranja. En primera instancia, y además de una reformulación del copago farmacéutico, la formación naranja defiende una modificación para que “el derecho a la asistencia sea un derecho por ciudadanía”. De esta forma, piden que se suprima la obligatoriedad de tener la residencia habitual en España. Otro de los artículos que quiere modificar Ciudadanos es el que hace referencia a la prestación sanitaria a los extranjeros. La formación naranja pide que, al menos, tengan un periodo de tres meses de empadronamiento en España para tener los mismo derechos que los ciudadanos españoles y, mientras tanto, sólo se les atienda en urgencias, a mujeres embarazadas y a menores de 18 años.

Por otro lado, otro de los puntos a los que hace referencia Ciudadanos es a la actualización de la cartera de servicios. La formación pide que se revise, dentro del Consejo Interterritorial, cada seis meses para que puedan incluirse todas aquellas innovaciones coste eficaces que realicen las comunidades autónomas dentro de sus competencias. “Nosotros queremos que la comunidades no pierdan capacidad de innovación pero si esa innovación tiene una evaluación favorable, queremos que se incluya en todo el territorio nacional”, afirma Igea.