La Conferderación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha impulsado un ‘Pacto por la Sanidad Privada Española’ que busca recuperar la imagen de este sector a través de la aplicación de una serie de propuestas. El texto, firmado entre otras organizaciones por la Organización Médica Colegial (OMC) y la Alianza General de Pacientes (AGP), pide el reconocimiento de su carácter complementario con el sector público, su eficiencia y su importancia dentro del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, los firmantes del pacto solicitan la defensa del sector privado por parte de las administraciones así como el fomento de las distintas formas de colaboración público-privada.
El presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE, Carlos González Bosch, ha explicado que el texto ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio de Sanidad y que existe “la voluntad entre ambas partes para seguir entablando diálogo”. Sin embargo, ha reconocido que el trabajo principal debe realizarse con las comunidades autónomas y que en este caso serán los colectivos firmantes “con el apoyo de la CEOE” los que realicen esta tarea.
La sanidad privada representa ya el 30 por ciento del gasto sanitario en España gracias a sus casi 11 millones de usuarios, cuya atención únicamente en la sanidad pública sería inviable con las actuales infraestructuras del Sistema Nacional de Salud. Por ello, González Bosch ha lamentado que el sector no haya recibido ningún reconocimiento público en los últimos años sobre el papel que juegan, e incluso critica que haya comunidades o representantes políticos que pongan en duda los acuerdos de colaboración con este sector “por motivos ajenos a la eficacia”.
Por su parte, la presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Cristina Contel, lamenta que, a diferencia de otros países donde la sanidad privada está “perfectamente integrada en los sistemas sanitarios”, en España son “víctimas de ideologías políticas que arremeten contra todo lo que tiene que ver con el ánimo de lucro”. Ambos dirigentes han citado el caso de la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat mantiene abierto un conflicto con el grupo Ribera Salud para que el área sanitaria de Alzira vuelva a ser de gestión pública.
