Hacienda hará público “en breve” el informe de AIReF que avala las subastas nacionales

María Jesús Montero adelanta una de las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el gasto sanitario y farmacéutico
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Madrid
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22 mar 2019 - 14:27 h
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El cambio político en Andalucía llegó oficialmente con el fin de las subastas debajo del brazo. Pero cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y esa ventana la abrió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, horas después del discurso de investidura del nuevo presidente andaluz, al sugerir la conveniencia de llevar el debate de las subastas a un ámbito nacional. Semanas después, esa ventana ha acabado por materializarse en el informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene preparando sobre el gasto en Sanidad y que, según ha confirmado Montero, recomendará la subasta de medicamentos de Andalucía para toda España para ahorrar 1.000 millones de euros al SNS.

La revisión del gasto sanitario y farmacéutico a cargo de la AIReF fue una decisión aprobada en Consejo de Ministros el 26 de enero de 2018. España había recogió de manera expresa en el Programa de Estabilidad 2017-2020 enviado a Bruselas el compromiso de seguir ganando eficiencia en el gasto público a través de un proceso de revisión integral del gasto público en el conjunto de las Administraciones.

El análisis de los “medicamentos dispensados a través de receta médica: Administración Central + Comunidades Autónomas” era el segundo de siete proyectos de revisión del gasto público. Preguntado al respecto, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que publicará el informe “en breve”. Asimismo, y según informa Europapress, un resumen de sus conclusiones será incluido en el Programa de Estabilidad que España enviará a la Comisión Europea, como muy tarde el 30 de abril.

La ministra de Hacienda ha puesto en valor una conclusión que proviene, dice, de un organismo “no sospechoso de ser político”. Además, interpelada al respecto de la decisión de Andalucía de poner fin a las subastas e incorporarse a la central de compras estatal, Montero se preguntó si la Junta, después del recorrido que ha tenido la subasta —estrategia que ella misma impulsó en su etapa como consejera— “se puede permitir el lujo de retirar esa fuente de recursos”, que supone, añadió, unos 200 millones de euros.

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