Hacienda cede a la presión autonómica y reunirá al CPFF antes de final de año

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Madrid
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05 sep 2019 - 09:45 h
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Muchas comunidades autónomas lo han tenido difícil para formar gobierno tras las elecciones de abril, pero esa dificultad es pequeña en comparación a la patata caliente con la que se están teniendo que enfrentar los nuevos equipos gestores. Los retrasos continuos que ha acumulado la reforma del sistema de financiación autonómica muestra su peor cara, ahora que las consejerías de Hacienda han puesto en marcha la maquinaria para elaborar los anteproyectos de ley de presupuestos. La presión por convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente ha ido in crescendo y ha llevado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a confirmar la cita antes de final de año.

Están en juego unos 7.000 millones de euros que el Estado adeuda y que puede comprometer la prestación de servicios básicos en 15 comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, Madrid exige 1.300 millones, aproximadamente lo mismo que Andalucía y Cataluña; Galicia, 700; Canarias, 223... El problema llegó con un informe de la Abogacía del Estado que considera inviable que un Gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado pueda abonar anticipos a cuenta de esas cantidades.

La única salida a la vista es que los grupos parlamentarios en las Cortes o el Gobierno central promuevan una iniciativa legislativa para permitir el pago de estos fondos, a través de una modificación legal, si se quiere, de carácter excepcional. No sería nada nuevo. Ya se hizo en 2011, como ha recordado el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

El grupo popular en el Congreso ya ha presentado, para su debate en el Pleno, una Proposición no de Ley para resolver el “bloqueo” de las entregas a cuenta. No es la única acción que se ha adoptado, ni tampoco la más agresiva. La Generalitat de Cataluña ha aprobado el inicio de acciones legales contra el Gobierno central como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo para exigir al Gobierno su parte de los anticipos, que ascienden a algo más de 870 millones. Y ha invitado al resto de gobiernos a sumarse a la demanda.

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