Mal comienzo para la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas. La Federación de Asociaciones Científico-Médicas (Facme) ha manifestado su desacuerdo y preocupación, tanto por su contenido como por la “falta de independencia y rigor técnico” que supone, en torno a la nota publicada hace escasos días en la web de la Aemps y que afecta a los criterios y recomendaciones que rigen la Orden 2874/2007, sobre intercambio terapéutico.
Las nuevas directrices apuntan a que la orden solo sería de aplicación en la dispensación de medicamentos efectuada por el farmacéutico en oficina de farmacia, dejando que la política de uso de medicamentos en el ámbito hospitalario se fije en comisiones interdisciplinarias. La Federación critica que esta modificación “se ha llevado a cabo de manera unilateral, sin previo aviso, en contradicción con la normativa vigente, de manera opuesta a la opinión de numerosas sociedades científicas y sin tener en cuenta el posicionamiento de Facme”.
Críticas al fondo y a la forma
Con el argumento de que el texto “pretende reinterpretar la normativa” en lo que se refiere a la sustitución por el farmacéutico de los medicamentos prescritos por el médico, Facme critica, en primer lugar, las ‘formas’ de la Agencia. “Una nota en la página web de la Aemps no puede ser el vehículo para modificar las reglas de sustitución de medicamentos establecidas en la normativa general de medicamentos, incluida la Orden Ministerial SCO 2874/2007. Tampoco es el modo de emprender el desarrollo del artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2015 para regular la intercambiabilidad y, en su caso, la sustitución”, señala.
Entrando al contenido, el organismo presidido por Fernando Carballo señala que los acuerdos necesarios establecidos por cada Comisión de Farmacia y Terapéutica “no pueden suplantar la capacidad de prescripción exclusiva del médico (artículo 79 del Real Decreto Legislativo 1/2015), ni cambiar el régimen de responsabilidades de los distintos profesionales sanitarios (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) ni olvidarse de la obligación de informar y acordar el tratamiento con el paciente (Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente)”.
A juicio de la Federación, “parece que se quiere convertir el denominado ‘intercambio terapéutico’ en una norma impuesta, sin debate público y al margen de las decisiones de inclusión de medicamentos en la prestación del SNS y de la opinión de los médicos que, por otro lado, mantienen la responsabilidad del tratamiento del paciente”. Para Facme, esto “genera inseguridad jurídica y asistencial” a médicos y pacientes, “sin olvidar la responsabilidad que puede generarse a los componentes de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica por sustituciones de tratamientos sin conocimiento del médico y el paciente”.
Mensaje a la Aemps
De esta nota se podrían derivar consecuencias negativas para la propia Agencia del Medicamento; un organismo que hoy, en opinión de Facme, tiene una “autoridad técnica reconocida” por todos los agentes tanto en España como en la Unión Europea. “Actuaciones como la descrita ponen en peligro el prestigio ganado durante años al tratarse de una actuación sospechosa de falta de independencia del organismo, alejada del necesario rigor técnico y legal y que no ha seguido los procedimientos habituales de consulta y transparencia que siempre ha aplicado dicha Agencia”, asegura la Federación.
“No consideramos admisible el cambio de tratamientos ya instaurados sin intervención del médico y del paciente. La continuidad del tratamiento ha de garantizarse plenamente con la autorización del médico y el consentimiento del paciente. El médico puede realizar cambios en los tratamientos, por motivos económicos y siguiendo recomendaciones institucionales, pero debe ser una decisión individualizada y con el consentimiento del paciente”, añade.
Por última, Facme resalta su compromiso con la sostenibilidad y calidad del SNS y su deseo de colaborar con las Administraciones Públicas, participando en todas las iniciativas que se consideren. “En ningún caso consideramos aceptable que las iniciativas en materia de uso de medicamentos se intenten implantar sin debate, a espaldas de médicos, enfermeras y pacientes”, concluye
