España apoya ‘a última hora’ una resolución que insta a desvincular la I+D de los precios

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Madrid
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12 jul 2019 - 13:03 h
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Antes de llegar a Nueva York en septiembre, a la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre cobertura sanitaria universal, el debate mundial para impulsar la transparencia en el mercado farmacéutico como vía para mejorar el acceso a los medicamentos ha hecho una nueva parada, otra vez en Ginebra y amparado de nuevo en un foro de Naciones Unidas: el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado entre el 24 de junio y el 12 de julio, ha aprobado otra resolución sobre acceso, ésta impulsada por Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, Senegal, Sudráfrica y Tailandia.

El texto se alinea con la hoja de ruta en acceso a medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios 2019-2023 aprobada durante la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, y reafirma la importancia de mejorar la transparencia en el mercado farmacéutico, tal y como se aprobó en la resolución co-esponsorizada por España, entre otros países.

La novedad, en esta ocasión, ha sido la aprobación de un llamamiento a los estados a colaborar, de la manera que consideren más apropiada, en modelos y enfoques que apoyen la desvinculación entre el coste de la I+D de los precios de medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico para enfermedades que predominantemente afecten a países en vías de desarrollo, incluyendo patologías tropicales desatendidas y emergentes, como vía para asegurar el acceso. Esta propuesta de resolución fue impulsada por Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, Senegal, Sudráfrica y Tailandia, y aprobada en la sesión del 11 de julio con el copatrocinio final de un total de 45 países. Entre ellos España, que se adhirió ‘en última instancia’ con Italia y Portugal.

La resolución también anima a los estados, en colaboración con otros agentes, a redoblar los esfuerzos para asegurar el suministro de productos a través de una I+D alineada con las necesidades de salud pública; a aplicar de manera efectiva los estándares de propiedad intelectual; a buscar “precios justos y asequibles” a través de buenas prácticas de adquisición y a promover una prescripción, dispensación y un uso racional de los medicamentos.

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