El Ministerio de Sanidad ha recibido duras críticas del Tribunal de Cuentas por su gestión del área farmacéutica entre los ejercicios de 2014 y 2015. Entre las reprobaciones del organismo destacan tres: el seguimiento de los acuerdos de financiación basados en techos de gasto, la ejecución de la política farmacéutica y de fijación de precios conforme al programa presupuestario y la falta de protocolo específico dentro de la Comisión Interministerial de Precios.
Sobre el primero de los aspectos, el Tribunal de Cuentas argumenta que los acuerdos de techo de gasto firmados en aquellos años “han determinado obligaciones adicionales a los laboratorios que escapan a las posibilidades de inspección y examen por parte del Ministerio”. La razón, según el organismo, radica en la complejidad de los acuerdos, bien por establecer techos de gasto conjuntos o basados en sistemas como el coste/tratamiento/día. “Todo ello hace de difícil comprobación el cumplimiento del límite fijado en las distintas resoluciones y sus retornos al Sistema Nacional de Salud, retornos que pueden haberse establecido de forma directa, en cuantías económicas, o de forma indirecta, en bonificaciones en suministros posteriores”, explica.
La segunda de las críticas, que apunta a la ejecución de la política farmacéutica y de fijación de precios con arreglo al programa presupuestario, señala directamente a la Dirección General de Farmacia y a la Agencia Española del Medicamento. Según el Tribunal, estos dos organismos son los encargados de esta ejecución, cuyas pautas de seguimiento considera insuficientes. “Los indicadores no proporcionan información relevante sobre la consecución de los objetivos, ni orientan sobre la asignación de recursos y actividades relacionadas para poder cumplirlos”, argumenta el informe. Además, el Tribunal señala que la formulación de las pautas a seguir es “muy general y no aportan información oportuna, significativa y fiable a los responsables de la gestión sobre la situación y evolución de aquellos aspectos que inciden en la consecución de los objetivos establecidos, por lo que resultan insuficientes para la adopción de decisiones en los diferentes niveles de la organización”. Por último, el Tribunal de Cuentas recalca en su informe que “no existen manuales de procedimientos que definan las funciones y responsabilidades de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia en las que se han realizado las pruebas de fiscalización”.
El Tribunal de Cuentas pide un manual de procedimiento para la Comisión Interministerial de Precios
La tercera crítica que realiza el Tribunal de Cuentas sobre la labor del Ministerio de Sanidad recae sobre las actuaciones de la Comisión Interministerial de Precios. En este apartado el organismo da una de cal y otra de arena. Por un lado reconoce que todo el procedimiento de evaluación se realiza “por titulados farmacéuticos con conocimiento en evaluación económica y amplia experiencia en el sector”. Sin embargo, las críticas arrecian cuando el Tribunal analiza el protocolo de actuación de esta Comisión. “La evaluación se realiza de acuerdo a distintos criterios establecidos, si bien han sido comunicados de manera informal al personal evaluador y no están recogidos en ningún manual de procedimiento”, recoge el informe. Además, el organismo insta al Ministerio de Sanidad a poner mayor énfasis en los criterios económicos. “Debería considerarse la conveniencia de ampliar los estudios económicos que actualmente se realizan mediante el examen y, en su caso, implementación de nuevas tecnologías de análisis, así como reforzar el empleo de procedimientos escritos y comunes para todos los evaluadores”, dicen.
