POLÍTICA SANITARIA

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Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 31 de agosto de 2018 h |

No hubo condiciones para apoyar la moción de censura, pero sí las hay para aprobar la nueva senda de déficit y, por ende, unos Presupuestos Generales del Estado para 2019. Las negociaciones que mantienen el Gobierno y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tienen como gran reto el transformar un documento publicado por el grupo confederal en agosto —Dejar atrás la austeridad— en un acuerdo asumible por ambas partes. La Sanidad podría tener un peso determinante en un posible acuerdo de gobernabilidad progresista, que de salir adelante podría convertir la mayor parte de la reforma socio-sanitaria de Mariano Rajoy en un recuerdo de hemeroteca.

“Para que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pueda siquiera plantearse la posibilidad de aprobar la senda de déficit como paso previo a la negociación de los PGE, se requiere que el Gobierno demuestre una voluntad real de acabar con la época del dogmatismo austeritario”, señala el documento publicado en agosto. Para el grupo confederal, esto implica “empezar a transitar” una senda presupuestaria que permita revertir los recortes en Sanidad (del 6,8 por ciento del PIB en 2009 al 6,0 por ciento en 2017), y dependencia (2.800 millones durante el mandato de Rajoy).

Para ello, se planteaba, en primer lugar, la derogación de los Reales Decretos-ley 16/2012 (Sanidad) y 20/2012 (Dependencia). En segundo lugar, una “apuesta firme, decidida y suficientemente financiada por la atención sanitaria pública primaria” y la financiación de la ley de dependencia para sacar a 300.000 personas del “limbo de la dependencia”.

La decisión del Gobierno de no derogar el 16/2012 abre la puerta a todo tipo de especulaciones sobre el copago. La apuesta de Podemos de una “prestación farmacéutica universal” ha dado paso a una negociación sobre la eliminación en pensionistas que aún debe confirmar sus términos. El Ejecutivo ha optado por la prudencia: Hacienda no ha hecho pública qué postura trasladó en la negociación y Sanidad solo remite a lo que Montón dijo ante el Congreso: que su intención es que los primeros beneficiados de una reforma del copago sean los pensionistas en situación de vulnerabilidad.

Al tiempo, otro frente se ha abierto contra el 16/2012. Según Podemos, el objetivo de este RD-l no era ahorrar, sino “deteriorar” la sanidad pública para “facilitar la privatización”. En este marco, ha arrancado del Gobierno el compromiso de crear un grupo de trabajo que realice una propuesta de “desprivatización” del SNS. Del resultado de ambas negociaciones bien podría depender el devenir de unas cuentas públicas que prometen ser claves para el futuro del Estado del Bienestar. El Gobierno quiere presentarlos en noviembre, lo que da un par de meses de margen para definir las futuras reformas sanitarias.