El sector homeopático confía en Bruselas para afrontar otra legislatura complicada

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Madrid
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17 may 2019 - 13:32 h
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Nunca lo han tenido fácil, y todo apunta a que, con la victoria del PSOE el 28-A, los medicamentos homeopáticos continuarán su travesía en el desierto. El sector confía en que la resolución de su periplo europeo en busca del amparo comunitario le ofrezca el balón de oxígeno necesario para afrontar las propuestas de reforma legal pendientes de la pasada legislatura.

A principios de abril, la Asamblea Nacional de Homeopatía informó de la admisión a trámite de la queja interpuesta contra el Ministerio de Sanidad por incurrir en actos vulneradores del ordenamiento de la UE, contrarios a la libre circulación de servicios y mercancías en el Espacio Económico Europeo.

Esta queja sigue hoy pendiente de que la Comisión Europea desestime la denuncia o dicte una resolución favorable, que se traduciría en un dictamen motivado y otorgaría a España dos meses para justificar las medidas denunciadas o rectificar y acatar el requerimiento. El Gobierno español podría no contestar, una situación que no sería nueva y que podría llevar a la Comisión a demandarlo ante el Tribunal de Luxemburgo. Pero no podría escudarse en su actual situación de interinidad para hacerlo, según confirma Juan Gillard, socio de Sánchez de León Abogados. Según confirma este jurista, este tipo de respuesta entraría en la “gestión diaria” que un Ejecutivo no puede evitar estando en funciones.

Este escenario podría ser determinante de cara a la nueva normativa que sí ha quedado paralizada por las elecciones: desde la propuesta de aumentar las tasas al sector hasta la propuesta de incluir nuevas menciones en el etiquetado, pasando por la petición de ensayos clínicos para demostrar la eficacia.

Gillard recuerda también el intento fallido del Gobierno de apelar a las instituciones comunitarias para revertir la directiva que considera los homeopáticos como medicamentos. “Se trata de creer en el estado de derecho —dice—, y el estado de derecho en España ahora es la regulación comunitaria. Hay que respetarla. La soberanía nacional no puede amparar que España se convierta en un compartimento estanco a nivel jurídico”.

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