Los expertos que forman el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos ya debían saber, antes de publicar su informe, que este documento estaba destinado a convertirse en una descripción más de las luces y las sombras del modelo de investigación biofarmacéutica. Su propuesta de ir hacia un modelo que desvincule la I+D del precio del producto, y que daría un gran peso a un organismo supranacional (la ONU), ha abierto un abismo imposible de cerrar entre algunos de los actores que interactúan en el escenario. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han aplaudido las conclusiones, pero por ahora son los únicos. No cabe esperar que del informe y de sus recomendaciones se vaya a derivar nada que mejore el acceso a los medicamentos o alinee esta asignatura, como pretendía el Panel, con los objetivos en innovación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“La Cámara de Comercio de Estados Unidos condena el informe de la ONU que ataca las patentes”. La contundencia del titular con el que la organización que representa los intereses de los negocios y asociaciones profesionales estadounidenses respondió al informe de la ONU ofrece una imagen clara de los términos en los que se han movido las reacciones negativas al informe, y que no sólo incluyen a las patronales de la industria farmacéutica innovadora norteamericana y europea. El propio Departamento de Estado norteamericano ha cuestionado la legitimidad de las conclusiones del panel.
No cabe esperar que del informe se vaya a derivar nada que mejore el acceso a los medicamentos
Se venía venir. Estados Unidos y la Comisión Europea (y algunos de sus estados miembro de manera particular, como Francia o Alemania) fueron dos de los más 180 contribuyentes a la consulta abierta por el Panel. En su respuesta criticaron que el mandato de los expertos sólo pasaba por examinar las reglas de comercio y la propiedad intelectual, lo que obligaba a pasar por alto otras muchas cuestiones que impactan en el acceso a las innovaciones para centrarse únicamente en las patentes. Ya entonces daban por sentado que un enfoque tan reduccionista no solo no generaría conclusiones válidas, sino que incluso podrían ser contraproducentes.
El Departamento de Estado norteamericano considera que sus temores no eran infundados. Califica de “lamentable” que el Panel trabajara bajo la “presunción” de que existe una “incoherencia política” entre los derechos de propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los derechos humanos. A su juicio, este hecho ha condicionado las recomendaciones finales. Por ello, su postura es clara: implementar las propuestas “podría minar gravemente la innovación en el desarrollo de medicamentos y tecnologías sanitarias tanto en el sector privado como en el académico y también en la investigación financiada con fondos públicos.
El Departamento de Estado norteamericano cree que implementar las propuestas podría minar gravemente la innovación
El mismo lamento recorre el sector empresarial innovador. A las críticas lanzadas desde la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica Innovadora (Ifpma) se han unido las patronales estadounidense (PhRMA) y europea (Efpia), así como la patronal biotecnológica norteamericana (BIO). Su postura, además, se ha visto reforzada por la asociación de inventores norteamericana (US Inventor) y por una carta conjunta firmada por cinco de los mayores organismos que trabajan en el área de la I+D en Estados Unidos, bien desde el sector académico, bien desde oficinas de transferencia tecnológica.
Todas estas aportaciones giran en torno a la misma idea: el acceso a la asistencia sanitaria depende de muchos factores, como las infraestructuras, las políticas gubernamentales, una financiación suficiente, tarifas adecuadas para la importación, la presencia de proveedores, una correcta distribución… Pero nada de ello ha sido tenido en cuenta en el informe, a pesar de que, por ejemplo, los propios datos de la ONU muestran que la propiedad intelectual no reduce el acceso, ya que el 95 por ciento de los medicamentos esenciales no están bajo patente.
Para el sector, las recomendaciones del Panel van destinadas a reducir la patentabilidad (por ejemplo, proponiendo ampliar el uso de las licencias obligatorias) y minimizar el rol del sector privado en la I+D . Y la ironía, dicen, es que al centrarse en eso, el informe ataca un sistema que ha salvado millones de vidas. “Si se adoptaran, estas recomendaciones prohibirían la creación de futuros tratamientos disruptivos”, sentencia la Cámara de Comercio.
El Panel responde a la industria
Ruth Dreifuss, co-presidenta del Panel, respondió a estas preocupaciones a través de Intellectual Property Watch, asegurando que los expertos son conscientes de que la industria debe financiar sus inversiones en I+D. Por eso defendió que en caso de una expropiación parcial se seguiría un procedimiento transparente que se compensaría económicamente.
Andrew Witty, un panelista discrepante
Aunque según los co-presidentes del Panel el informe sobre acceso a los medicamentos “es de consenso”, lo cierto es que refleja considerables discrepacias entre sus miembros. Para el sector farmacéutico quizá la más relevante sea la opinión de Andrew Witty. El presidente ejecutivo de GSK fue el encargado de representar la visión de la industria innovadora dentro del grupo. Su contribución al capítulo de ‘Comentarios’ de los panelistas del informe deja bien clara su postura, alejada de los principales cambios propuestos.
Si bien, dice Witty, el trabajo incluye recomendaciones constructivas, otras adolecen de “falta de rigor”, a veces por basarse “más en afirmaciones que en la evidencia”; a veces por ser “vagas y poco claras” con respecto a su progreso, como es el caso del desarrollo de un Código de Principios para la I+D biomédica. Además, considera que el informe realiza “dos suposiciones falsas o al menos dudosas”. La primera, que el valor (clínico o financiero) de la innovación es claro en el momento de patentarla. “Casi nunca lo es”, dice. La segunda, que los gobiernos serán capaces de aumentar los niveles de inversión para incentivar la futura innovación en los niveles requeridos por el informe.
Finalmente, Witty se refiere al elevado número de factores que impactan negativamente en materia de acceso, particularmente en zonas del mundo y en casos en los que ya no existe patente y los precios están al nivel de los genéricos. El informe no lo obvia. Es más, lo señala de manera repetida. Pero “debido a su estrecho mandato y al escaso margen temporal con el que ha trabajado”, no ha analizado estos otros factores en profundidad ni ha ofrecido un mecanismo para gestionarlos, según Witty.
El presidente ejecutivo de GSK reconoce el valor de las licencias obligatorias en el marco de la Declaración de Doha y los acuerdos Adpic, pero no como una norma rutinaria por los gobiernos y cree que desvincular la I+D del precio sólo sería beneficioso en casos muy concretos. Por todo ello, considera que “sería erróneo e irresponsable interrumpir el modelo” actual sin disponer de una alternativa de eficacia probada que lo reemplace. Ello implicaría evaluar las consecuencias negativas (no intencionadas) que podría provocar la implementación de las recomendaciones.
