J. Ruiz-Tagle Madrid | martes, 21 de mayo de 2019 h |

La Organización Médica Colegial ha acogido un debate sobre la pertinencia de apostar por el medicamento bisiomilar. Las razones que se esgrimen son ya conocidas (evidencia científica y menor precio en primera instancia, ya que se han conformado agrupaciones homogéneas a través del Sistema de Precios de Referencia) pero sí es cierto que las reticencias aún existen hoy. Una de ellas se encuentra en el plano legislativo, donde se rigen por la Ley de Garantías a las que habría que sumar una orden ministerial de prescripción por marca. Esta realidad ha comenzado a movilizar a algunos miembros del Consejo Asesor de Sanidad, quienes abogan, con el apoyo de la OMC, por una modificación para paliar la diversidad que existen, sobre todo, en términos de penetración en el marcado. “Debe entrar el Ministerio en favor de loas biosimilares porque la ley está obsoleta; la evidencia científica está a favor y hay que legislar para promocionar a estos medicamentos”, asegura Javier Sánchez Caro, vocal del Consejo Asesor, junto al también vocal José Ramón Repullo.

Una de las polémicas que se han vivido en los últimos años —y que incide directamente en la penetración de estos medicamentos— son los casos en los que algunas administraciones autonómicas han apostado por la sustitución automática de los biológicos de referencia por sus respectivos biosimilares. Estas ‘instancias’ colisionan desde cierto punto de vista con la Orden Ministerial promulgada en 2007 en la que se propone la prescripción por marca, y ha suscitado muchas dudas respecto al enunciado de la propia Ley de Garantías (el último episodio que se vivió fue a través de un comunicado de la propia Agencia Española del Medicamento). Sánchez Caro ha solicitado elevar la vista por encima de las fronteras españolas para comprobar que “Bélgica, Dinamarca y Finlandia apuestan por la sustitución automática, mientras que Alemania y Francia lo hacen con algunas restricciones”, afirma Sánchez Caro. También es cierto que otros países de la Unión Europea la rechazan por lo que parece que el punto medio se encuentra en suministrar el biosimilar al paciente naïve, medida apoyada también por la patronal Biosim.

Hasta el día de hoy también ha existido una legislación que se utilizaba para introducir trabas burocráticas a la promoción del biosimilar: la Ley de Autonomía del Paciente. Se ha argumentado en más de una ocasión que se debe tener el consentimiento informado por escrito para administrar un biosimilar en detrimento del biológico de referencia. Ambos miembros del Consejo asesor de Sanidad consideran que es un artificio “porque la ley sólo habla de consentimiento informado verbal salvo excepciones de gravedad” y descartan que los biosimilares lo sean.

Junto al plano legal, la otra barrera histórica que se han encontrado estos profesionales radica en los profesionales. Ante esta situación, la OMC y Biosim acaban de renovar un acuerdo mediante el cual se imparten cursos para formar a los médicos en estos medicamentos. “Tenemos un compromiso con la eficiencia porque son recursos del Estado; queremos dar lo mejor al mejor precio y trabajar con los biosimilares cumple con este objetivo”, afirma el presidente de la OMC, Serafín Romero. Durante el año pasado 400 profesionales se apuntaron a estos cursos y la previsión para esta edición es alcanzar los 1.200. Junto a esto, Biosim también ha propuesto al Ministerio un Plan Estratégico en el que el capítulo central será la formación. “Es fundamental porque así conseguiremos disipar dudas; queremos trabajar en equipo”, dice el presidente de la patronal, Joaquín Rodrigo.