J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 05 de enero de 2018 h |

La entrada del nuevo año no traerá novedades en todo el territorio nacional. Las novedades legislativas y de gestión, que dependen de una memoria económica que las ampare en su desarrollo y no las deje morir por inhanición, no aparecerán en cinco de las 17 comunidades autónomas. Los parlamentos de Aragón, Asturias, Extremadura y La Rioja (además de Cataluña, que aún está a expensas de poder formar un Gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre) no han conseguido acordar nuevos presupuestos para 2018 y han comenzado el año con una prórroga de las cuentas de 2017.

De estas comunidades el caso menos grave lo presenta Extremadura. La región consiguió cerrar in extremis un acuerdo con Podemos y utilizarán enero (un mes que suele ser inhábil para la actividad parlamentaria) para avanzar en la aprobación del nuevo presupuesto. De hecho, el parlamento autonómico tiene marcados en rojo los días 15 y 16 de enero para que la aprobación se produzca en el Pleno. Además, durante esta semana se reunirá la Comisión de Presupuestos para avanzar en las 588 enmiendas parciales presentadas por el Partido Popular.

Otra comunidad que podría ver resuelta su prórroga presupuestaria durante los próximos días es La Rioja, única de este grupo gobernada por el PP con apoyo de Ciudadanos. Los populares alcanzaron un acuerdo el pasado día 18 de diciembre con la formación naranja y pusieron en marcha el reloj parlamentario para la aprobación de las nuevas cuentas. El día 9 de enero acabará el plazo de presentación de enmiendas parciales (tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y PSOE) y se espera que el 1 de febrero entren en vigor los nuevos presupuestos.

La situación es más gris en Aragón. Recientemente el PSOE (quien gobierna en la comunidad autónoma) y Podemos han llegado a un acuerdo por el que la formación morada se compromete a dialogar sin “líneas rojas” si el Gobierno de Javier Lambán prioriza “revertir los recortes”. Dados los plazos, no se espera hasta mediados de febrero la aprobación de los presupuestos aragoneses, que volverán a entrar en vigor tarde como en 2017(fueron aprobados en mayo).

El caso de Asturias tiene peor solución. Para el pasado año, el Gobierno de Javier Fernández se apoyó en el Partido Popular para aprobar las cuentas pero este año el acuerdo de ‘gran coalición’ no salió adelante, lo que forzó al gobierno socialista a mirar a su izquierda. Sin embargo, la sintonía no es buena. El presidente asturiano Javier Fernández acusa a Podemos de que esté encallando el proyecto de Presupuestos para 2018 porque a su juicio la formación morada aplica la “vetocracia”. El Gobierno asturiano asume la prórroga de las cuentas y ha rechazado presentar otro proyecto en marzo.

Este panorama, si se mira en clave nacional, es mejor que el vivido a comienzos de 2017. Entonces fueron diez las autonomías que empezaron enero con los presupuestos prorrogados. Sin embargo, el horizonte de 2019 puede ser peor. Las cuentas para el próximo año estarán condicionadas por la convocatoria de elecciones autonómicas y los cálculos electoralistas pueden entorpecer las negociaciones entre partidos.

Montoro ‘recorta’ presupuestos aprobados

Además de las comunidades sin cuentas aún aprobadas también existen malas noticias para aquellas que sí tiene nuevos presupuestos. La semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió una carta a 10 regiones (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra) en las que le informa que no tendrán todo el dinero prometido al no existir nuevos Presupuestos Generales del Estado. La situación, calificada de chantaje por muchas de estas comunidades, tendrá su efecto en las políticas sanitarias y educativas porque, a la sazón, son las que más peso tienen en las cuentas comunitarias. Cataluña sufrirá un recorte de 780 millones y en la Comunidad Valenciana será de 353. También Baleares contará con 67 millones menos mientras que en Cantabria el recorte será de 80. Castilla- La Mancha recibirá 200 millones menos y Extremadura 137.