En julio de 2017, tras las convulsas primarias socialistas, fueron muchos los cambios que se vivieron dentro del Partido Socialista. Uno de ellos fue en el área de Sanidad, donde la por entonces secretaria María José Sánchez Rubio fue sustituida por María Luisa Carcedo. EG tomó el pulso a la nueva ideóloga de la sanidad socialista para comprobar qué cambios podían esperarse en materia sanitaria y farmacéutica.
Pregunta. ¿Qué novedades políticas aportará a la sanidad?
Respuesta. Somos el mismo partido y retomamos, después de un lapsus demasiado largo, de nuevo la dirección con el mismo secretario general. Hemos trabajado en el programa electoral donde la sanidad es una materia más. Las concepciones de nuestro sistema nacional de salud y nuestros objetivos políticos son en gran parte los mismos. Hemos incorporado algunos matices en el último congreso pero dentro de los criterios generales que siempre ha tenido el partido.
P. Dentro de esos matices, ¿hay alguno que destaque o se verá la misma política que dirigió María José Sánchez Rubio?
R. Hubo un congreso y los militantes hablaron. Como consecuencia hay una nueva resolución política pero los grandes conceptos de la sanidad sí encajan en el mismo sistema.
P. En estos últimos años ha habido un cambio importante en Sanidad que vino de la mano del Real Decreto 16/2012. El PSOE ha basado gran parte de su oposición sanitaria en él. ¿Su postura es de derogación o de modificación de aspectos puntuales?
R. Queremos derogar el Real Decreto. El daño que la derecha española hace al sistema de sanidad pública no solamente se reduce a los recortes sanitarios, a pesar de su importancia. Está produciendo un cambio estructural y una apertura de posibilidades de riesgo para la desnaturalización del sistema nacional de salud y altísimos grados de privatización. Tenemos que revertir estos cambios y seguir avanzando en lo que nosotros consideramos que es nuestro modelo, que parte de la Ley General de Sanidad. El Real Decreto 16/2012 es una medida más donde deriva un cambio conceptual radical en la atención sanitaria y en el concepto de derecho de acceso a las prestaciones sanitarias. Tanto la Ley General de Sanidad como la de Cohesión decían que cualquier persona residente en España tenía derecho y este Real Decreto cambia el concepto. Este texto legislativo tiene aspectos que tienen que ver con los recortes y con el derecho a la salud. En esto, derogación radical. Luego puede tener algunos aspectos neutros que podrían quedar vigentes. Pero lo que daña a la definición de sanidad otorgada por la Ley General de Sanidad tiene que derogarse.
P. Se ha criticado que esa postura de máximos ha impedido en el Congreso de los Diputados que se modificara el copago farmacéutico a propuesta de Ciudadanos y respaldada por Podemos. ¿No se plantea el PSOE comenzar por algunos aspectos concretos?
R. Al Real Decreto no se le puede blanquear. No se puede tomar el camino fácil porque un pequeño ajuste no repara el daño enorme que hizo al modelo. De nada sirve caminar por los aledaños cuando el problema gordo es otro. Nosotros queremos resolver este último, que es el que pervierte la idea de modelo que regulaba la Ley General de Sanidad.
P. Uno de los problemas que se le presenta al sistema sanitario español es dar acceso a las innovaciones terapéuticas que están llegando sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo se puede afrontar este problema?
R. Hay que fomentar la investigación pública que ha sufrido unos recortes de un 40 por ciento. Por otro lado, la Unión Europea tiene que jugar un papel importante en las negociaciones de precio. Como país, proponemos que el fondo de cohesión tenga una partida para, coordinadamente con las comunidades autónomas, se pueda cofinanciar los medicamentos hasta que se vaya normalizando su uso. Igual pasaría con las tecnologías sanitarias.
P. Una de las propuestas socialistas en el Senado ha sido dar un impulso a los genéricos para generar nichos de ahorros que reviertan en innovación.
R. La defensa del genérico es total en el PSOE. El medicamento no puede ser una rémora excesiva desde el punto de vista económico. No puede ser que todos los incrementos presupuestarios se los lleve un uso no racional del medicamento.
P. ¿Cuál sería la financiación necesaria para el sistema nacional de salud?
R. La cifra absoluta es un indicador, pero varía mucho dependiendo del tipo de gestión y de población. Las comunidades autónomas con mayor número de personas mayores de 65 años tienen más gasto. Por tanto, no se trata de una cifra mágica.
P. ¿Cree que el Consejo Interterritorial debe tener un papel más ejecutivo?
R. Están discutiendo el reglamento ahora. No tiene por qué ser ejecutivo. Además, difícilmente puede ser el Interterritorial ejecutivo porque no es una administración que tenga autoridad jerárquica sobre el resto sino que cada administración representada allí es autónoma en sus competencias. Se trata de tener un punto de encuentro entre administraciones.
P. Hablemos ahora de la oficina de farmacia. ¿Se deben retribuir los servicios profesionales?
R. No. La accesibilidad a los centros de salud es total y no hace falta. La adherencia al tratamiento, por ejemplo, es una labor de enfermería. Sería duplicar un sistema con profesionales que no dependen de él. La farmacia tiene su función, que es la venta de medicamentos. Es un sector sometido a regulación de la administración y a concesión administrativa. Esas otras funciones no corresponden a los farmacéuticos sino a otros profesionales que están dentro del sistema y que cobran por ellas.
