Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 10 de mayo de 2019 h |

Como cabía esperar, el Consejo Interterritorial del 8 de mayo se cerró con dos bloques enfrentados por críticas y alabanzas a la forma y al fondo de la convocatoria. Al margen de la “oportunidad” de celebrar un pleno con un Gobierno en funciones y 18 días antes de las elecciones autonómicas, todos los consejeros salvo uno —el canario José Manuel Baltar— salieron del Ministerio igual que entraron en relación a la designación de centros CAR-T.

Los consejeros fueron informados de los protocolos farmacoclínicos y procedimientos que permitirán aplicar las nuevas terapias contempladas en el Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el SNS: medicamentos CAR en los 11 hospitales inicialmente designados, del total de 27 centros con actividad de adultos de 12 comunidades autónomas que habían sido postulados. De manera excepcional, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín fue designado como centro de la red para adultos. Según el Ministerio, “en atención a su singularidad al encontrarse en territorio insular y a la sensible distancia del centro autorizado más cercano”; según la Consejería de Sanidad de Canarias, también “por reunir los criterios y estándares de calidad y de seguridad asistencial que exige el modelo organizativo que propone el Plan y que debe garantizar un acceso seguro, eficiente y equitativo a estas terapias de alto impacto económico y sanitario”.

Esta explicación refuerza el argumento que Sanidad ofreció a las regiones críticas con la distribución de los centros CAR-T: no ha sido una decisión política, sino del Comité Institucional —en el que están representados, entre otros, las comunidades autónomas—, que prima la seguridad del paciente. Así también, se postularon comunidades socialistas. “Los centros acreditados tienen que ofrecer esa seguridad a pacientes que se encuentran en una situación complicada desde el punto de vista de la salud, tanto los que padecen linfoma tipo b como los que padecen leucemia linfoblástica aguda”, defendió José María Vergeles, consejero extremeño.

Vergeles recalcó, eso sí, la importancia de garantizar la “accesibilidad” a estas terapias. En ese sentido, Extremadura exigió que la designación de centros se revise “en un plazo máximo de seis meses”, como está previsto. Un plazo que, no obstante, parece excesivo para otras regiones. Reducirlo aumentaría las posibilidades de engrosar la red nacional de centros de referencia “cuanto antes”, en opinión de Murcia, que mantiene así sus esperanzas de que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca sea incluido en una futura revisión.

Madrid es una de las regiones que mayor sorpresa ha manifestado ante un mapa que “ha favorecido al este contra el oeste”, tal y como describió Enrique Ruiz Escudero. “Tenemos varios centros de excelencia que cumplen esos criterios objetivos. Que Madrid se haya quedado con tan solo un centro —para adultos, mientras que Cataluña cuenta con 5 o Comunidad Valenciana con 2— nos resulta sorprendente por criterios poblacionales y demográficos”, dijo.

También Navarra cree que no se ha tenido en cuenta la equidad territorial. La Consejería de Salud apunta además que “no se ha de olvidar que Navarra se ha ofrecido a prestar sus servicios a las comunidades limítrofes del País Vasco, Aragón y La Rioja, que no han propuesto centros”. Al tiempo que mantiene la solicitud para que la Clínica Universidad de Navarra se incorpore a la red de centros de referencia. Navarra no comparte los criterios aplicados por el ministerio a la hora de designar los centros de referencia porque, asegura, “no se justifican desde un punto de vista científico”. A juicio de su consejero de Salud, Fernando Domínguez, no resulta “adecuado que se haya dado más relevancia al número de trasplantes alogénicos realizados que a la experiencia clínica e investigadora específica en terapia celular y en tratamientos con CAR-T, ámbito en el cual la CUN es el tercer centro con mayor experiencia de todo el Estado”.

Otras medidas

A su cierre, el Pleno del CISNS también se saldó con la aprobación de la extensión de la financiación de los sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) a pacientes adultos con diabetes tipo 1 y con el acuerdo del Pleno para modificar el reglamento interno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en lo relativo a la participación del número de comunidades autónomas. A partir de ahora podrán participar como oyentes (con voz pero sin voto) todas aquellas comunidades autónomas que no sean designadas como vocales. Actualmente solo podían participar tres CC.AA. como oyentes.

“Debemos asegurar el suministro”

Entre las aprobaciones más destacadas del CISNS del 8 de mayo está el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2020, un documento muy recibido por las comunidades autónomas y que, en la rueda posterior al Pleno, la ministra de Sanidad vinculó a la propuesta de subastas nacionales incluida en el Programa de Estabilidad.

María Luisa Carcedo aseguró que no hay nada decidido, pero que estudiará la recomendación de la AIReF por dos motivos. “Tenemos que asegurar el suministro de medicamentos y velar por la mejor gestión de los recursos públicos”, destacó. Profundizando en el primero, Carcedo aludió a la política sancionadora prevista en el Plan de Garantías de Abastecimiento. Según la ministra, es preciso “partir de la premisa de que hay que asegurar el suministro de medicamentos y de que los laboratorios adquieren un compromiso y tienen que ser consecuentes con ello”.