Las medidas sanitarias presentadas por el Gobierno en el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019 han convencido a la Comisión Europea, que ha excluido a España de las recomendaciones específicas por país en estas políticas. No ocurre lo mismo en el caso de la I+D. Aquí, la Comisión recomienda a España mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación. Según Bruselas, el desempeño de España en esta materia de innovación se ve obstaculizado por unos “niveles bajos de inversión” y por la “inadecuación de las capacidades”.
Las menciones a las deficiencias de la política española en I+D son ya una tradición en las recomendaciones específicas por país de la Comisión, que en este caso subraya que el gasto en I+D del sector empresarial en España “asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión”, especialmente en el caso de las grandes empresas. Además, el análisis comunitario asegura que “se observan importantes disparidades regionales”… Divergencia que además se ve agravada por el “bajo —y decreciente— índice de ejecución del presupuesto público” dedicado a investigación y desarrollo.
La escasez y la inadecuación de las capacidades representan, para la Comisión, otro importante obstáculo al desarrollo y la utilización de tecnologías avanzadas, especialmente por parte de las pymes. El empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra, dice, muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas. Aunque se están desarrollando estrategias autonómicas de innovación en pro de una especialización inteligente y se está racionalizando la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómico en la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas sigue siendo escasa.
Por todo ello, Bruselas concluye que la mejora de los resultados de España en materia de innovación requiere realizar “inversiones importantes” para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes y ayudar a estas a crecer y para promover la competitividad de todas las empresas y su transición —mediante, por ejemplo, la digitalización— a actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales. Asimismo, destaca que “se ha de hacer más hincapié en las asociaciones público-privadas; en la cooperación entre el mundo académico y las empresas y la transferencia de tecnología, especialmente en beneficio de las pymes; en una gobernanza reforzada de la política de investigación e innovación a todos los niveles de la Administración; y en una mayor armonización entre las infraestructuras y los proyectos de investigación y desarrollo y las estrategias de innovación nacionales y autonómicas”.
