Hace justo un año, nueve países europeos, entre ellos España, firmaban el acuerdo conocido como La Declaración de La Valeta para facilitar el acceso a los medicamentos y garantizar la sostenibilidad de sus sistemas sanitarios. Hoy, los signatarios de esta iniciativa son diez y continúan igual de comprometidos con el refuerzo de la cooperación para definir procedimientos de evaluación de medicamentos y futuras negociaciones conjuntas de precios con la industria farmacéutica. Pero su cuarto encuentro, celebrado en Lisboa el pasado 4 de mayo, también ha dejado claro que en su seno se empieza a ser consciente de la necesidad de dar un paso más. Con la vista puesta en Atenas, que en julio acogerá el quinto encuentro técnico, los países de La Valeta se plantean ya cómo trasladar a la práctica los acuerdos que puedan surgir.
“Es necesario probar que La Valeta constituye una iniciativa seria, realista y medible, que puede afectar profundamente el paisaje europeo en el área de la Medicina y fortalecer la posición de los estados miembro y la perspectiva del paciente en las negociaciones con la industria farmacéutica”, aseguró el ministro de Sanidad de Grecia, Andreas Xanthos, al término del encuentro, que también contó con la presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y de su homólogo portugués, Adalberto Campos. “Debemos prepararnos para ratificar y dar validez legal a los acuerdos que surgirán”, añadió Xanthos.
Si lo que se quiere es que La Valeta ofrezca garantías de resultados tangibles, entonces se hace preciso intensificar la cooperación a nivel técnico y político. Precisamente por ello, uno de los puntos debatidos, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad de Grecia en su página web, giró en torno a la posibilidad de fortalecer los resultados de las reuniones con un grupo de trabajo paralelo, formado por abogados especializados de cada país, encargado de seguir de cerca los resultados de las mismas, tratando de resolver las cuestiones jurídicas que pudieran ir surgiendo en función de las diferentes normativas existentes en cada país.
El objetivo de este equipo legal sería, según el Gobierno heleno, “proteger” los resultados de los trabajos y las futuras negociaciones con la industria farmacéutica a través de “normas vinculantes” para los estados participantes. “Creemos que esto determinará en gran medida la efectividad y la sostenibilidad de nuestra iniciativa”, apuntó Xhantos.
No es la única vía que se ha discutido en Lisboa. En línea con el mensaje que hace días trasladaba la Comisión Europea, los signatarios de La Valeta también han identificado el intercambio sistemático de datos, experiencias y buenas prácticas como otra vía para reforzar la colaboración entre los miembros. Concretamente, uno de los acuerdos alcanzados en Lisboa, según la información facilitada tras el evento, gira en torno a la necesidad de reforzar el intercambio de información en un “área de interés común” como es la de los medicamentos biosimilares.
El Gobierno heleno también menciona la posibilidad de llevar a cabo una convención internacional, que podría marcar el desarrollo de La Valeta “desde el nivel de las declaraciones y objetivos” hasta el de “compromiso” con las áreas de trabajo establecidas.
De nueve a diez
Desde el pasado 4 de mayo, la Declaración de La Valeta incluye a diez países. Tras la adhesión de Croacia, la Declaración cubre aproximadamente a 160 millones de ciudadanos, que representan el 32 por ciento del total de la población de la Unión Europea.
En su cuarto encuentro, y además de llevar a cabo un balance de los trabajos acometidos hasta la fecha, los asistentes acordaron continuar con las labores que vienen impulsando para identificar fármacos candidatos para evaluaciones y negociaciones conjuntas. En este sentido, la Agencia Portuguesa del Medicamento, Infarmed, ha resaltado dos campos: oncología y medicamentos huérfanos.
Asimismo, los asistentes exploraron la posibilidad de trasladar su actividad hacia nuevas áreas de actividad, como la negociación sobre productos ya evaluados, y acordaron llevar a cabo análisis en torno a áreas terapéuticas “de gasto creciente”, como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) y los anticoagulantes orales.
