El Ministerio de Sanidad ha publicado un proyecto de Real Decreto que busca desarrollar la Ley 33/2011 General de Salud pública con el objetivo de ahondar en transparencia y regular el conflicto de intereses. Según publica la web del Ministerio, Sanidad ha detectado varios problemas que no están resueltos porque el artículo 11 de dicha ley no está convenientemente desarrollado. Entre las acciones que se persiguen destacan tres. La primera de ellas hace referencia a las organizaciones científicas y profesionales que participen en la toma de decisiones. “Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”, aseguran en el proyecto de Real Decreto.
El segundo de los problemas que señalan es el de transparencia en los comités que vierten sus recomendaciones para las posteriores decisiones. “Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”, reza el texto. Por último, el Ministerio de Sanidad también pone el foco en que estas demandas de transparencia y conflicto de intereses deben superar a la Salud Pública. “El proyecto supera el estricto ámbito de la salud pública para contemplar y regular la transparencia en toda actuación de salud, así como las situaciones de conflictos de intereses que potencialmente se generan en la actividad de salud, no solo en el de la salud pública”, dice.
La publicación de este proyecto de decreto abre el periodo de alegaciones para todos aquellos afectados por la misma. El Ministerio, por tanto, insta a “los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren a hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento, hasta el día 6 de noviembre de 2019”.
