Esther Martín del Campo Madrid | viernes, 24 de noviembre de 2017 h |

Criterios claros de utilización. Es lo que demandan, desde hace tiempo, todos los actores que intervienen en el uso de fármacos biológicos originales y biosimilares. Sobre este asunto, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo decidió reunir a médicos y pacientes, bajo la dirección de un abogado, Julio Sánchez Fierro, y tomando como punto de partida las reflexiones del rector de la universidad, el microbiólogo César Nombela.

A partir de ese debate, celebrado en dos encuentros en los meses de marzo y abril, se hizo pública una declaración conjunta con más de una veintena de puntos. Medio año después de su presentación, pacientes y sociedades científicas han revisado los avances que se han registrado desde entonces.

Su director, Julio Sánchez Fierro, destacó la regulación de la intercambiabilidad de estos fármacos como uno de los asuntos pendientes que urge resolver. Para ello, puso como ejemplo la regulación francesa puesta en marcha en junio de 2016, una referencia, insistió, “que no requiere un extenso desarrollo”. El modelo francés se sustenta en tres pilares que pasan por informar al paciente y obtener su consentimiento; monitorizar el tratamiento; y garantizar la trazabilidad y la farmacovigilancia, un objetivo que se consigue garantizando la prescripción con marca.

Otro tema pendiente, en el que insistió Sánchez Fierro, es la implicación de las administraciones, que “es mejorable”. Sobre este punto incidió Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes, que remarcó que han tenido acceso a circulares, notas internas, etc., que plantean la sustitución automática de estos medicamentos, prohibida por ley desde 2007. Situaciones que, en su opinión, aportan “un nivel de transparencia muy bajo para el paciente”.

“Cuando se produce una sustitución automática nos sentimos estafados, y tenemos pruebas de que esto ocurre. Cartas de servicios de FH que comunican la sustitución de medicamentos biológicos por biosimilares y constancia de que algunas decisiones se impulsan desde las comunidades autónomas”, reiteró. Bernal aclaró que han tenido constancia de prácticas de este tipo en algunos hospitales de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o Levante.

De igual modo, Bernal recalcó que “la facultad de prescripción la tiene el médico, no una comisión”, y alertó de que se corre el peligro de que la prescripción quede en manos de comisiones en base a criterios económicos, saliendo así de la esfera que le corresponde, que no es otra que la relación médico-paciente.

En la misma línea, admitió que “al paciente le cuesta entender que cuando algo funciona pueda haber un cambio por motivos económicos, sin criterio médico”. También hizo hincapié en que todos, pacientes y médicos, coinciden en lo esencial. Sin olvidar que, a día de hoy, según destacó Bernal, no existe una gran diferencia de precio. “Si todos estamos de acuerdo en algo, ¿por qué no se hace?”, planteó.

Por su parte, Cristina Avendaño, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) explicó que trabajan ya en el posicionamiento común de las sociedades científicas más centradas en prescripción, que presentarán próximamente.

“Las políticas para su introducción deben resaltar escrupulosamente los criterios técnicos y legales que los avalan”, aseguró. Asimismo, recalcó que hay que rechazar actuaciones que supongan cambios indiscriminados que pueden tener consecuencias negativas para la introducción de estos medicamentos, por la pérdida de confianza que puede producirse, huyendo de “medidas que se basan en acortar costes, pero que atentan contra el avance seguro de los biosimilares”.

Frente a estas asignaturas pendientes, Sánchez Fierro repasó algunos avances desde la firma de la declaración conjunta. Entre ellos, destacó la presentación de una moción en el Senado por parte del popular Jesús Aguirre, que en su opinión recoge los elementos clave planteados, en respuesta a su petición de iniciativas parlamentarias que permitan clarificar todas las dudas.

De igual modo, los firmantes realizaron un llamamiento a la industria farmacéutica que, según su impresión, también ha calado en la industria. La petición de una respuesta respetuosa con la facultad de los médicos y los derechos de los pacientes ha sido escuchada por la patronal de la industria innovadora, Farmaindustria, que “se ha posicionado reconociendo los derechos de los pacientes y en contra de la sustitución automática” de estos medicamentos.

Por otra parte, Sánchez Fierro puso en valor la iniciativa de la patronal de la industria de los biosimilares, Biosim, que hace unos meses presentó una guía dirigida exclusivamente a los médicos sobre estos medicamentos, con el objetivo de contribuir a la formación de los profesionales, otra de las conclusiones de la declaración.