En España, un 9,3 por ciento de los pacientes sufren algún tipo de efectos adversos relacionados con intervenciones quirúrgicas, infecciones nosocomiales o medicamentos. Mientras, la prevalencia de este tipo de episodios se eleva a un 11,18 por ciento en el ámbito de la atención primaria. Conscientes de que la mitad de estos efectos adversos podrían evitarse, la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) han iniciado un movimiento por la seguridad del paciente y han presentado en la sede de los médicos un documento conjunto.
Ambas entidades han realizado estimaciones de su impacto potencial y de sus costes sociales, a través de informes nacionales e internacionales. Y lo han hecho en función de lo marcado por la Organización Mundial de la Salud sobre magnitud del daño, causas, propuestas de soluciones para una atención sanitaria más segura, conseguir aplicar soluciones a la práctica y evaluar su impacto.
Asimismo, el documento aborda consideraciones sobre su coste, prevención y control. Según un estudio realizado en 30 países europeos en 2015, el 15 por ciento del gasto y la actividad hospitalaria en países de la OCDE pueden atribuirse a fallos de seguridad y de los 3,5 millones de AVAD (años de vida ajustados a la discapacidad) perdidos, un millón y medio de ellos evitables.
El informe recoge las causas latentes de la iatrogenia, que centra en el sobrediagnóstico y sobretratamiento e incluye un capítulo dedicado a la medicina defensiva, que se traduce en pedir pruebas y realizar procedimientos innecesarios con el consiguiente gran coste económico a la sociedad.
En la presentación, Serafín Romero, presidente de la OMC, mostró su preocupación por “la cultura del intervencionismo médico, que, a veces, nos hace sobreactuar”. También se refirió a la sobredimensión tecnológica, que puede aumentar los riesgos exponenciales, o el sobrediagnóstico, que es otro riesgo que puede derivar en tratamientos inadecuados. “Somos juez y parte del déficit organizativo, sobre todo cuando hay saturación en los hospitales o centros de salud”, indicó. En su opinión, “debe haber una formación integral propia de las competencias, y, por otra parte, una formación transversal que abarque las posibilidades de riesgo y todos los factores asociados”.
Recomendaciones OMC y SESPAS
En primer lugar, establecen que las autoridades sanitarias deben reconocer la iatrogenia como problema de salud pública a escala nacional, incluyéndola explícitamente entre las prioridades reales de las políticas de salud y sanitarias, y cumplir pues los objetivos marcados en materia de seguridad del paciente y de la iatrogenia.
Asimismo, dado su potencial, los logros alcanzados hasta la fecha y la necesidad de acometer las nuevas acciones recientemente incorporadas, puntualizan que las autoridades sanitarias han de contribuir con los recursos necesarios priorizados para intensificar el despliegue y la evaluación rigurosa e independiente de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS) y rendir cuentas periódicamente
Por otra parte, las organizaciones insisten en que las autoridades sanitarias han de priorizar el diseño y la implantación sin más demoras de un sistema de incentivos alineados con los objetivos de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS y los que se añaden en este documento, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información vinculados con la seguridad.
Asimismo, invitan a hacer públicos los resultados de las evaluaciones periódicas tanto de las líneas estratégicas incluidas en Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud como de las actuaciones adicionales, fomentar la competencia por comparación y fortalecer las líneas de difusión de información existentes sobre buenas prácticas a escala nacional e internacional.
En quinto lugar, subrayan la necesidad de diseñar, implantar, financiar y mantener una política de fomento de la investigación de las causas y determinantes de la iatrogenia, así como de la evaluación independiente de las medidas preventivas y rendir cuentas a la sociedad
En la misma línea, proponen acometer las reformas legislativas necesarias para proteger a los profesionales de las posibles repercusiones
De igual modo, proponen fraguar un frente activo y coordinado de actuación para impulsar las recomendaciones por las autoridades sanitarias, sociedades científicas del ámbito de la salud, las comisiones de bioética, las universidades las asociaciones cívicas, las organizaciones de pacientes y de consumidores y la ciudadanía en general.
Por último, remarcan que un baremo de daños sanitarios que incremente la seguridad jurídica lograría disminuir las prácticas de medicina defensiva.
