La aplicación del artículo 155 de la Constitucción ha obligado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a asumir la coordinación del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. La aplicación de la norma ha supuesto la destitución del hasta entonces consejero, Antonio Comín. Precisamente, Comín, fue uno de los altos cargos del Govern que no acudió a la Audiencia Nacional. Permanece en Bélgica junto al ex presidente, Carles Puigdemont, y por tanto no ha sido encarcelado como el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros seis ex consejeros.
Por su condición de catalana, Montserrat ha sido uno de los miembros del Gobierno central más activos en el conflicto con la Generalitat. La ministra se ha dejado ver en los actos celebrados en Cataluña en favor de la unidad de España y en contra de la independencia.
El primer compromiso que le surge después de asumir el Departamento de Salud catalán es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará en la sede ministerial el próximo 8 de noviembre. La reunión no incluirá uno de los temas por el que más preocupación habían mostrado la mayoría de las comunidades autónomas, la financiación sanitaria.
La EMA, en el horizonte
Una vez iniciado el Brexit, el objetivo de traer la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) había sido uno de los grandes compromisos de la ministra de Sanidad. La EMA había conseguido que tanto Montserrat como Comín acercaran posturas. También ha existido una buena conexión con la alcadesa de Barceloma, Ada Colau, una de las políticas más críticas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Montserrat ha insistido en los últimos días en que la aplicación del 155 no debe influir en la autoridades europeas en el proceso de selección de la nueva sede. Mucho más pesimista se ha mostrado la Fiscalía General del Estado que en su querella contra los miembros del Gobierno de la Generalitat ha advertido de la potencial pérdida de la sede de la EMA. “Solo a título de ejemplo puede citarse la potencial pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente localizada en el Reino Unido, y respecto de la que la UE ya había anunciado que la mejor ciudad situada para acogerla era Barcelona. Fruto de la declaración de independencia se perdería esa inversión que está valorada en 340 millones de euros de presupuesto y 900 puestos de trabajo”, según consta en el texto de la Fiscalía.
Durante la presentación del Tratado de Derecho Farmacéutico , la ministra destacó las fortalezas de España, a pesar de la situación. “Solo en España hay mas de 200.000 personas que se dedican a la investigación, somos el polo de investigación biomédica del sur de Europa. Este esfuerzo hace que estemos entre los cinco primeros países en producción de medicamentos, y todo esto nos sitúa en la pole para lograr que Barcelona pueda acoger la sede de la EMA”, señaló la ministra.
A pesar del enfrentamiento, la ministra trata de mantenerse optimista ante as opciones de Barcelona. “No nos lo ponen fácil aquellos que dicen amar Cataluña, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y compromiso. Estamos trabajando para recuperar la tranquilidad democrática y económica de Cataluña y así asegurar la llegada de la EMA. No nos lo están poniendo fácil. Pero juntos llegamos más lejos y la EMA es un proyecto que une y que nos devuelve la tranquilidad para seguir avanzando”, insistió la ministra durante su intervención.
