2017 iba a ser el año del arranque definitivo de la troncalidad, sin embargo, parece que habrá que esperar algo más.
El año se cerraba con la sentencia del Tribunal Supremo de anular el decreto “por ser insuficiente su memoria de impacto económico”.
El debate sobre la financiación de la troncalidad siempre ha estado sobre la mesa. Cuando el Consejo de Ministros del 25 de julio de 2014 aprobó el cambio del modelo normativo, el Ministerio de Sanidad de la mano de Javier Castrodeza, por aquel entonces director general de Ordenación Profesional, dejó claro que la pelota estaba en el tejado de las comunidades autónomas, que serían las encargadas de su desarrollo. Castrodeza matizó que la puesta en marcha de este nuevo sistema de formación de especialistas no supondría un coste adicional sino que “su desarrollo tendrá que ajustarse al presupuesto ya establecido”.
A partir de aquí, ni las sociedades científicas, ni estudiantes de medicina, ni sindicatos vieron claro esta normativa que mantenía “muchas aristas” tanto en el contenido como en el continente. Fue cuando los recursos al Supremo se fueron sucediendo, alegando en todos la falta de memoria económica. De hecho, el Consejo de Estado en la revisión del decreto ya advirtió de que la reforma formativa generaría “un esperado y considerable impacto económico, organizativo y asistencial, no evaluado ni trasladado a la memoria económica y presupuestaria. Pues más allá de los datos que se contienen sobre costo en dinero, trabajo y cargas de los nuevos órganos administrativos que se crean, habrá que establecer todo un nuevo régimen de programas y de unidades docentes.”
Durante todo el proceso, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha hecho números. Como comentó el presidente de Semes, Juan Jorge González Armengol, el 65 por ciento de las matrículas de los estudiantes de medicina están financiadas por las administraciones públicas. A esto se suma que el sistema MIR también se financia al 100 por cien por las comunidades autónomas, “lo que supone un desembolso de entre 150.000-200.000 euros por plaza y periodo de residencia, que puede ser de cuatro o, en la mayoría de las especialidades, de cinco años”. Con estos datos, a muchos no le quedaban dudas de que se trataba de un “decreto de gasto”. Además muchas especialidades advirtieron de la necesidad de aumentar los años de formación especializada por lo que más gasto aún.
¿Y ahora qué?
La primera sentencia sobre esta materia responde al recurso de la Sociedad Española de Inmunología, pero todo parece indicar que el resto de recursos tendrán el mismo recorrido. El tribunal considera que la Administración del Estado no puede escudarse en la autonomía presupuestaria de las comunidades y que debe ser “especialmente rigurosa en el análisis económico”. Ahora habrá que empezar de nuevo, eso sí, las sociedades científicas advierten de no cometer los mismos errores que años atrás, y aunar esfuerzos. La OMC, por su parte, advierte de que son numerosos los “vacíos que presenta el RD así como la escasa definición de las competencias en los programa troncales, la distribución arbitraria de los troncos, los itinerarios formativos, la implantación de la troncalidad en las diferentes áreas sanitarias y la conformación de unidades troncales”.
