Ahora que, no sin cierto retraso, España parece haber dejado atrás uno de los inviernos más gélidos de los últimos años y dar la bienvenida a una climatología más agradable, hay otra España que, paralelamente, también parece descongelarse. Hablamos de la que podría denominarse España ‘farmacéutica’. En concreto, la red nacional de farmacias.
Tras un periodo de crecimiento sostenible —o incluso práctica paralización en algunos ejercicios— del mapa farmacéutico nacional (ver gráfico), la tendencia pareció romperse (al alza) en 2017 y puede tener continuidad en ejercicios venideros. Y es que, si en 2017 el mapa farmacéutico nacional superó la barrera de las 22.000 oficinas hasta cerrar el año en 22.046 establecimientos (78 más que a finales de 2016), la cifra puede seguir creciendo a mayor ritmo a corto plazo.
¿El motivo? Cinco regiones (Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, País Vasco y Baleares) tienen abiertos en la actualidad concursos que, en su conjunto, sumarán cerca de 150 nuevas oficinas a la red nacional una vez sean adjudicadas y abiertas al público por sus titulares. Asimismo, otras tres regiones (Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia) han anunciado su intención de realizar convocatorias en este 2018. En el caso de Murcia, su Parlamento ya aprobó en febrero de 2017 —moción al Gobierno — proceder a la convocatoria. Incluso, se planteó que serían una decena de boticas las que, al menos en una primera fase, entrarían en juego en un concurso que no debería demorarse más allá de este año.
Por el momento, la cifra exacta se desconoce en Andalucía y Castilla-La Mancha, si bien la extensión geográfica de estos territorios hace prever un importante número de vacantes. Solo en el último concurso andaluz (2013) se ofertaron 313 nuevos establecimientos.
¿Hay ya exceso de farmacias?
El desarrollo de estos concursos ‘chocan’ con las peticiones desde dentro del sector que abogan por una congelación del mapa farmacéutico nacional a fin de no empobrecer económicamente la red de boticas y evitar el aumento de oficinas en situación de inviabilidad económica (las conocidas como farmacias VEC).
Recientemente, la patronal farmacéutica nacional FEFE denunciaba el “excesivamente alto” número de farmacias en España y estimaba que, cara a garantizar la óptima salud económica de toda la red, en España ‘sobrarían’ en torno a 2.000 establecimientos. Para ello se basaba en un informe de la OCDE en el que España casi doblaba la cifra de farmacias por cada 100.000 habitantes (47) respecto a la media de los países desarrollados (25).
Por ejemplo, su ‘filial’ gallega (Fefga) denuncia que la futura apertura de 41 nuevas boticas en esta región acarreará a la Xunta un coste económico de más de 4,9 millones de euros anuales para la Comunidad, en parte por el gasto de las subvenciones de posibles nuevas boticas que entrarían en inviabilidad económica.
Medidas para la racionalización
Huelga decir que las Administraciones regionales, si no todas, están tomando medidas para racionalizar, o congelar, sus mapas farmacéuticos.
Por ejemplo, Andalucía publicó en febrero un nuevo decreto regulador de los procesos de adjudicación en el que establece, en adelante, una periodicidad mínima entre convocatorias de cinco años. Así, tras el concurso que prevé para 2018, congelará de facto su mapa al menos hasta 2023. También en Madrid, el anteproyecto de nueva LOF refleja que “anualmente” la Administración tendrá que pronunciarse respecto a si es necesaria o no nuevas aperturas. Este es el mismo criterio que rige en País Vasco.
En otras regiones, como Castilla y León, aunque no está recogido ‘negro sobre blanco’, su Administración ya decidió hace años congelar sine die su mapa farmacéutico para luchar contra la alta cifra de farmacias VEC (un 15 por ciento de su red, la más alta de España). También Canarias aprovechó la judicialización de su último concurso para, una vez pudo retomarlo, adaptar la convocatoria a las circunstancias económicas del sector y reducir a la mitad la cifra inicial de vacantes (de 119 a 60), dejando el resto ‘en barbecho’. Y el cambio de Gobierno en Aragón provocó una marcha atrás en 2016 y no llevar a cabo el concurso que ya planificaba la anterior Administración.
En otras, la congelación del mapa es un hecho latente desde décadas pasadas. Por ejemplo, el último concurso en Asturias (del que aún colean litigios) data de 2002, y La Rioja hace diez años que no hace lo propio.
