J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 27 de octubre de 2017 h |

El Ministerio de Sanidad ha realizado un ejercicio de transparencia y ha facilitado las cifras que la Comisión Interministerial de Precios (organismo destinado a financiar medicamentos) ha cosechado durante el presente año. Hasta la fecha, este pleno que concentra a los ministerios de Sanidad, Hacienda y Economía más tres comunidades autónomas (también hay otras tres que actúan como observadoras) ha aprobado 33 innovaciones, de las cuáles 22 son nuevos principios activos. Así lo manifestó Isabel Pineros, subdirectora de Calidad de Medicamentos del Ministerio de Sanidad durante el XV Curso de Derecho Farmacéutico organizado por CEFI. “Dentro de las aprobaciones de innovaciones, el 41 por ciento son antineoplásicos, seguidos de los antiinfecciosos”, dijo.

Durante el año 2017 han llegado a la Comisión Interministerial de Precios 2.213 expedientes de medicamentos, de los cuáles el 63 por ciento de estos fármacos son genéricos. En total, se han aprobado el 60 por ciento. “Siete de los productos financiados tienen un coste de 100.000 euros por pacientes, por lo que para seguir dando respuesta a esta innovación tenemos que mejorar en las revisiones de precio”, dijo Pineros.

Desde que en el pasado mes de abril se modificara la composición interna del Ministerio se han celebrado 5 reuniones de la Comisión y sus decisiones, aunque se intenta el consenso, se pueden tomar por mayoría simple, es decir, 6 miembros de los 11 que forman este ente. Además, Pineros afirmó que el tiempo medio de aprobación actual de medicamentos está en 119 días, por los 164 en 2015. “La mayoría de las no aprobaciones son por el precio del medicamento, lo que indica que el tiempo de aprobación se extiende por las largas negociaciones, aspecto en el que vamos a trabajar”, dijo.

Este ejercicio de transparencia realizado por el Ministerio no será puntual. Pineros aseguró que a partir de ahora se trabajará para que las decisiones que se tomen en la Comisión Interministerial de Precios se publiquen en la web. “Se está buscando la manera de recoger toda la información y estamos trabajamos en ello, en poco tiempo se podrán dar más dalgunas críticas que señalaban al Ministerio de Sanidad como responsable de cierto oscurantismo. Ante estas acusaciones, Dionisio Docasar, moderador de la mesa y jefe de Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de la Cartera Básica del Ministerio, retó a que “en el momento que la industria diga que quiere ver todos los acuerdos publicados para cualquiera que quiera acceder, al día siguiente serán públicos”.

En la mesa que organizó CEFI para tratar las políticas de Financiación y Precio también participaron, además de Pineros, Ana Arana, directora asociada de Precio y Financiación de MSD, Jordi Faus, abogado y socio del bufete Faus&Moliner, y Vicente Morales, director del departamento farmacéutico Lupicinio Internacional Law Firm. La representante de la industria abordó las últimas novedades relativas a los precios de referencia. A expensas de que se publique la orden correspondiente a este año, cuyo retraso, según Arana, se debe a los diferentes reveses judiciales recibidos por el Ministerio de Sanidad desde el Tribunal Supremo el pasado mes de agosto, ésta traerá novedades que ya fueron parcialmente anunciadas por Cruz a EG. “Se va a proceder a una elección selectiva de medicamentos de viabilidad económica comprometida por el efecto de los precios de referencia”, dijo Arana. Junto a esta contribución, Faus puso el acento sobre la “injusticia” que sufre la industria por la continuas revaluaciones de precio que sufren por comunidades autónomas u hospitales tras la aprobación del Ministerio. “Se ha acabado la etapa de un precio asegurado, ahora, prácticamente desde el desarrollo del fármaco, tienen que comenzar las negociaciones con las distintas administraciones”, dijo el abogado.

Durante el curso de Derecho Farmacéutico también hubo espacio para analizar las nuevas fórmulas de contratación pública y políticas comerciales. Fue en esta mesa cuando la abogada Raquel Ballesteros, del bufete Bird&Bird, le correspondió analizar los acuerdos firmados entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad para la sostenibilidad del sistema sanitario. El balance no fue nada positivo. Tanto el que se firmó con Alfonso Alonso como ministro como el que revalidó Dolors Montserrat carecen de responsabilidades reales a juicio de la jurista. “Tanto de un lado como del otro no hay obligatoriedad jurídica de cumplir el acuerdo. No se va a devolver nada. Las asunciones de Sanidad son además vagas y Farmaindustria, según sus propios estatutos, no puede asumir posiciones económicas de sus asociados porque no tiene competencias. Estamos ante un protocolo político que dista de un convenio jurídico”, afirmó Ballesteros.


El 60 por ciento de los 2.213 expedientes de medicamentos que ha analizado el Ministerio en 2017 se han aprobado



Sanidad asegura que siete de los productos financiados tienen un coste de 100.000 euros por paciente