La sociedad rusa Krasfarma, que pretendió comprar Laboratorios Pérez Giménez, empresa que fue adjudicada a la sociedad con sede en suiza y capital libio Pharmex, ha asegurado que ésta última “ha procedido a la firma de las escrituras” por las que ha comprado la citada farmacéutica cordobesa “sin cumplir la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Así lo ha afirmado Krasfarma, en un comunicado en el que ha subrayado que la citada firma de escrituras de compraventa “se ha llevado a cabo sin que se haya producido” por parte del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, la “resolución del recurso interpuesto por Krasfarma” a la adjudicación de la empresa concursada a Pharmex, y sin que se haya pronunciado tampoco sobre el “recurso de los sindicatos interpuesto en el mismo sentido”.
De hecho, para la sociedad rusa, “antes de producirse la firma de la escritura, Pharmex no ha acreditado haber dado cumplimiento a la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, a pesar de que tal circunstancia fue puesta en conocimiento del juzgado por parte de Krasfarma”. A ello hay que sumar que “los 600.000 euros correspondientes a la fianza exigida para participar en la subastilla han sido ingresados, en el caso de Pharmex, en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado por una entidad mercantil ubicada en un paraíso fiscal y desde un banco ‘off shore’, todo ello sin ningún tipo de control con respecto al origen de dicho importe”.
Por lo tanto, en opinión de Krasfarma, “no hay identidad entre la sociedad de la que proceden los fondos ingresados como fianza y la sociedad que finalmente resultó adjudicataria, a pesar de la pretendida confusión que se realiza por la similitud entre los nombres de estas dos sociedades”. Pero es que, además, “según declaraciones de la propia Administración Concursal a la prensa, el resto del precio al que ascendía la adjudicación, es decir 8.900.000 euros, han sido directamente abonados por Pharmex en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, al igual que ocurriera en su día con el importe de fianza”.
Esto significa que tal ingreso se ha hecho “contraviniendo las indicaciones recogidas en el auto de adjudicación a Pharmex, según el cual dicha cantidad debía ser presentada inicialmente mediante aval bancario de entidad supervisada por el Banco de España, lo que implicaría tener que pasar forzosamente por todos los tramites previstos en prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, cosa que no ocurre cuando el dinero viaja directamente a la cuenta del juzgado sin control ni supervisión alguna”. En opinión de Krasfarma, “recibir el ingreso de una empresa extranjera procedente de una entidad bancaria ‘off-shore’ directamente a la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado y, a su vez, permitir la adjudicación a nombre de otra empresa española, supone dejar abierta la puerta a la entrada de capital procedente de cualquier destino y actividad, sin el debido control, al no someterse éste a la normativa española de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.
En este sentido, la sociedad rusa ha recordado que, “según la referida legislación, no corresponde al jugado controlar el origen del dinero ingresado en su cuenta de depósitos y consignaciones, y por parte de Administración Concursal tampoco se ha efectuado control alguno”. “Ahora la escritura pública de adjudicación de Laboratorios Pérez Giménez –ha proseguido Krasfarma– ha sido firmada a nombre de otra empresa, esta sí de nacionalidad española, por lo que no que no tiene que declarar nada respecto del citado capital ingresado desde el extranjero, de forma que dicha sociedad finalmente ha adquirido la titularidad de las instalaciones, que valen varios millones de euros, sin necesidad de confirmar o acreditar el origen y procedencia del cápital empleado para ello”. En consecuencia, Krasfarma ha anunciado que continuará “ejercitando todas aquellas acciones legales que correspondan, para proteger y salvaguardar sus legítimos” intereses en el concurso de Laboratorios Pérez Giménez.
