Paciente: cualquier Administración autónomica. Motivo de consulta: tendencia generalizada a establecer barreras a los facultativos para la prescripción de ciertos medicamentos, especialmente innovaciones, con consecuencias en el acceso del paciente a los mismos. Diagnóstico: “Comisionitis”. Grado: crónico. Recomendaciones terapéuticas: poner fin a la existencia (o creación) de estas entidades que “poco o nada aportan” .
Este sería la suerte de ‘parte médico’ que la patronal farmacéutica nacional de la industria innovadora (Farmaindustria) realiza respecto a lo que consideran uno de los principales “males” del sistema sanitario, en forma de barrera de acceso a los medicamentos en las políticas sanitarias autonómicas. Hablamos, en concreto, de la tendencia de las CC.AA a constituir comisiones autonómicas de Farmacia a fin de “hacer revaluaciones de lo ya evaluado por el Ministerio de Sanidad, que poco o nada aportan y sí limitan aún la capacidad de prescripción de los facultativos”, tal como denunciaba recientemente en un encuentro con medios de comunicación José Ramón Luis-Yagüe, director del departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria.
De un tiempo a esta parte, no existe CC.AA que no cuente con una entidad así, sean cuales sean las múltiples denominaciones que adopte según el caso: Comisión de Uso Racional del Medicamento, Comité de Evaluación del Medicamento, Comisión Central de Farmacia y Terapéutica, etc. Y si en alguna de ellas no existe actualmente, como es el caso de Madrid, se debe a su anulación por los tribunales. También está anulada. si bien en sentencia no firme y recurrida, el Comité Corporativo de Farmacia de Cantabria.
Todo ello invita a Farmaindustria, en palabras de Luis-Yagüe, a denunciar que “vivimos una situación de comisionitis (sic), de reevaluaciones y reinterpretaciones a las evaluciones originales de la Administración central que, lejos de aportar beneficios, suponen barreras para la prescripción”. Una situación que, a juicio del director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, “no es entendible”.
Como salvedad, Luis-Yagüe alude al escenario actual en torno a los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), un campo en el que “se están produciendo menos reevaluaciones de los IPT que antes; porque estos informes tienen más consistencia”.
De vuelta a esa comisionitis que denuncia Farmaindustria, las últimas preocupaciones de esta patronal pasan por los nuevos movimientos que en este ámbito que se están produciendo en regiones como Andalucía y Valencia. En el caso de Andalucía, la alerta pasa por el contenido final que se otorgue al artículo 14 del proyecto de nueva Ley de Salud regional (en tramitación parlamentaria), que alude a la selección y uso de la “alternativa terapéutica más eficiente”, mientras que el anteproyecto reflejaba como criterio la “alternativa terapéutica equivalente”.
Mientras, el proyecto de Ley de Salud en el que trabaja la Generalitat Valenciana recoge un nuevo capitulo dirigido a la prestación farmacéutica pública en el que se incluyen conceptos como “equidad farmacoterapéutica” y “uso racional del medicamento” que, según se acaben desarrollando “pueden conducir a nuevas iniciativas que supongan barreras añadidas en el acceso a los fármacos”, avisa Luis-Yagüe.
