El global Madrid | miércoles, 28 de marzo de 2018 h |

La industria farmacéutica invierte cada año en todo el mundo casi 150.000 millones de euros en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, según datos de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica. Fruto de esta inversión existen unos 7.000 potenciales medicamentos en fase de investigación en el mundo, de los que 1.900 están dirigidos a tratar distintos tipos de cáncer.

Todo este esfuerzo sólo es posible gracias a la existencia de una normativa que, mediante el establecimiento de patentes, confiere a los nuevos medicamentos una protección suficiente para garantizar el retorno de la inversión realizada en materia de I+D y fomentar que las compañías puedan seguir invirtiendo en la investigación de nuevos productos.

Esta es la postura que defendió el director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, en su intervención en el VI Foro de la Fundación ECO bajo el título Soluciones para una oncología sostenible. El representante de Farmaindustria destacó que “el periodo que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo medicamento y la autorización de comercialización de dicho fármaco, que incluye la fase de I+D y el tiempo que tarda la tramitación de la autorización, reduce la protección efectiva que confiere la patente -que en teoría es de 20 años- a un periodo mucho menor que en la mayoría de los casos resulta insuficiente para amortizar las inversiones”.

Por ello, explicó Esteve, existen en la Unión Europea los llamados certificados complementarios de protección, que permiten alargar cinco años la exclusividad del periodo de patente, que hacen posible alcanzar los 25 años, de los que sólo 13 serían de exclusividad comercial, ya que, de media, los 12 primeros corresponden a la etapa de I+D y autorización.

Con todo, Farmaindustria entiende que este marco de protección existente, y que ahora está estudiando la Comisión Europea para introducir mejoras, “es fundamental para que las compañías sigan invirtiendo en la misma medida en I+D; de lo contrario existiría el riesgo de que los centros de investigación situados en los Estados miembros se desplazaran a países que ofrezcan una mejor protección”, finalizó.