Antes de marzo de 2017, tal y como lo ha confirmado la primera ministra británica, Theresa May, Reino Unido activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, mecanismo que abre oficialmente el proceso de salida de la Unión Europea. El objetivo, según May, es estar completamente fuera antes de primavera de 2019. En ese momento, las leyes británicas pasarán a tener supremacía, el marco normativo europeo se gestionará a nivel nacional y los dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE dejarán de ser vinculantes para el país. Pero hasta entonces, aún quedan muchos aspectos por perfilar referentes a las condiciones en las que este país dejará de formar parte de la confluencia política.
La financiación de la I+D es precisamente uno de los aspectos en los que Reino Unido podría verse seriamente afectado. De hecho, un reciente informe realizado por Charles River Associates para la patronal de la industria innovadora europea (Efpia), aseguraba que si el país no negociaba seguir formando parte del Espacio Económico Europeo (EEE), dejaría de participar del programa Horizonte 2020 y no recibiría los fondos para la innovación. No obstante, el ministro de Economía británico, Philip Hammond, aseguró, con motivo de la conferencia del Partido Conservador en Birmingham, que si cuando Reino Unido realice su salida de la UE ya se han concedido ese tipo de ayudas o financiaciones, será el propio Gobierno británico el encargado de mantenerlas sin que las empresas o centros de investigación puedan ver afectado su trabajo.
El Gobierno británico acaba de anunciar una inversión de 220 millones de libras para potenciar la I+D del país
Además, durante su intervención, el ministro de economía británico anunció una inversión por parte del Gobierno de 220 millones de libras para la potenciar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones en el sector sanitario del país.
Para la patronal de la industria farmacéutica innovadora británica (Abpi), estos anuncios suponen “una excelente noticia” y demuestran que “el Gobierno quiere aprovechar los puntos fuertes de Reino Unido y dar prioridad a los negocios y a las estructuras de ciencia e innovación del país”. Esto, apunta la patronal, “no sólo será importante y beneficioso para la economía, sino también para el sistema nacional de salud (NHS) de Reino Unido y para los pacientes”.
Esto supone, explica la patronal, “una señal clara de que el Gobierno británico permanece abierto a impulsar el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías médicas que aporten beneficio a los pacientes”.
“A medida que el país se mueve hacia adelante y forja una nueva relación con el resto del mundo, tenemos que lograr mantener e invertir e innovación, y el éxito obtenido por la industria farmacéutica de Reino Unido es el mejor ejemplo de cómo se puede recuperar esa inversión”, apunta la patronal en su comunicado.
Peticiones de la industria
Precisamente la patronal británica publicó un informe donde realizaban una serie de propuestas para que la salida fuese lo menos traumática posible. En concreto, el informe, en el que participaron más de 90 expertos de la industria farmacéutica británica, aboga por buscar el acceso a largo plazo a la financiación de los programas europeos como puede ser Horizonte 2020. En concreto, los expertos de la industria apuestan por mantenerse como “miembros asociados” a la UE, como lo son Suiza, Israel o Turquía. Asimismo, apuntan a la necesidad de continuar realizando contribuciones al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones con el objetivo de mantener un asiento en el Consejo.
Por otro lado, consideran esencial mantener un tratado de libre comercio con la Unión Europea, a ser posible, “en condiciones equivalentes a las de un estado miembro de pleno derecho de la unión aduanera de la UE”. Además, también señalan la necesidad de mantener las condiciones incluidas en el resto de tratados de libre comercio que la UE mantiene con países no comunitarios.
El documento aboga también por la posibilidad de que “el capital fluya libremente entre diferentes países, manteniendo el acceso a directivas europeas existentes en este ámbito, como las referentes a matrices o filiales”. Así, consideran necesario mantener un sistema fiscal de apoyo que ayude a compensar la incertidumbre actual. “Sería necesario aplicar medidas como la reducción de impuestos a sociedades o criterios de calificación más generosos en lo referente a la patent box.
En materia regulatoria pide que se mantenga la alineación con el sistema normativo de la UE, “incluyendo las regulaciones actuales y las futuras, pudiendo participar a largo plazo en los procesos europeos”. Para ello, abogan por la creación de un acuerdo de cooperación regulatoria, en el que Reino Unido pueda ser “un participante activo en los procedimientos y decisiones”.
Nuevo sistema de revisión de inversiones extranjeras
La primera ministra británica, Theresa May, insiste en establecer un nuevo sistema de revisión de las inversiones extranjeras. La primera ministra británica quiere que el Gobierno tenga potestad para intervenir de una forma “ordenada y estructurada” en el caso de las inversiones extranjeras de cuantía considerable, y está estudiando los sistemas utilizados en otros países como EEUU o Australia. La primera ministra británica considera que su país debería tener un régimen para la inversión extranjera más transparente, que permita a los ministros intervenir “para conseguir el mejor acuerdo para Reino Unido”. Antes de acceder al cargo como primera ministra del país, Mey aseguraba que “una estrategia industrial adecuada no detendría de forma automática la venta de firmas británicas a empresas extranjeras, pero debería ser capaz de defender a un sector tan importante para Reino Unido como el farmacéutico”. Lo cierto es que el Gobierno británico aún no ha acabado de perfilar su estrategia a seguir y son numerosas las propuestas en forma de globo sonda que el ejecutivo ha lanzado en los últimos días. La última fue el anuncio realizado por la ministra de interior, Amber Rudd, de forzar a las empresas afincadas en el país a que hagan públicas las listas con trabajadores extranjeros. “Nos tenemos que asegurar que la gente que viene cubre huecos en el mercado laboral, en lugar de quitar trabajos que pueden hacer los británicos”, aseguraba Rudd nada más realizar el anuncio. El objetivo, dijo entonces la ministra de Interior, es el de evitar que expulsen del mercado de trabajo a los ciudadanos autóctonos. La reacción de clase empresarial británica fue unánime al condenar esta medida. De hecho, el propio Gobierno ha reculado, asegurando que podría requerir aún esa información, “pero a título confidencial y para identificar los sectores” que pueden requerir en el futuro mano de obra británica.
