Tres miembros de la actual junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid , el vocal de Titulares, Jaime Acosta; el de Rural, David Quirós; y la de Docencia e Investigación, María Carmen Martín, todos ellos pertenecientes a la candidatura que lidera Marichu Rodríguez, han presentado un escrito al presidente de la máxima institución farmacéutica madrileña, Alberto García Romero, en el que le conminan a encargar un informe legal y externo que valore la situación de la junta de gobierno. Esta petición viene motivada a raíz de que los cargos de la junta de gobierno actual vencieron el pasado 21 de abril y no han podido ser renovados por retraso de dos meses en las elecciones al colegio madrileño debido los problemas ocasionados por las certificaciones colegiales emitidos para el mismo.
De este modo, los tres miembros de la junta de gobierno firmantes solicitan que ese informe externo evalúe cómo debe procederse, ya que, tal y como indican tienen “dudas sobre la legitimidad de la actual junta de gobierno para seguir ejerciendo como tal” debido a que ha expirado el plazo estatutario de cuatro años de mandato. A este respecto, precisan que de acuerdo con el artículo 52 de los estatutos del colegio, una vez expirado el mandato entienden que la junta “debe disolverse la misma y formarse una junta de edad que tutele el proceso electoral actualmente suspendido”.
Y es que, según indican, en base a los estatutos temen “que todo lo que en lo sucesivo a esta fecha lleve a cabo esta junta de gobierno, incluidos los acuerdos de la reunión celebrada el pasado 24 de abril de 2014, podría considerarse nulo, con los perjuicios que ello causaría a los propios colegiados y a la institución”. Sobre este particular, se quejan de que en esa reunión no pudieron expresar sus dudas sobre este tema, “pues no se incluyó este tema en el orden del día, ni excepcionalmente hubo turno de ‘Ruegos y preguntas’”.
Asimismo, “en el ejercicio de su responsabilidad como actuales miembros de la junta de gobierno”, Acosta, Quirós y Martín, han puesto sus cargos a disposición de la asamblea general; han pedido la suspensión de las retribuciones a los miembros de la junta de gobierno por su ejercicio desde el 21 de abril, al tiempo que han renunciado a ello voluntariamente; y han instado al “cese de la firma de acuerdos o cualquier tipo de documentos del COFM como miembros de la junta hasta que no se acredite, en su caso, que se ajusta a los estatutos y a la legalidad vigente”.
