Sanidad y Hacienda negocian con la industria la vinculación de gasto y PIB

n Se percibe como solución para ofrecer estabilidad tanto a las comunidades como a los laboratorios
Herramientas
|
17 oct 2014 - 14:00 h
|

Después de varios años de tira y afloja; tras un largo periodo en el que los gestos amables se han entremezclado con las quejas altisonantes, el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo para garantizar una cierta estabilidad en su relación, y ofrecer algo de calma, esta vez real, a unos laboratorios que se quejan desde hace tiempo por los vaivenes regulatorios en los que han incurrido los sucesivos gobiernos para reducir el gasto farmacéutico. Un acuerdo que, a diferencia del que se firmó en el mes de marzo, incluiría también al Ministerio de Hacienda, responsable de refrendar todas las medidas que afectan a gastos e ingresos desde que España firmó el Pacto de Estabilidad con Europa.

Concretamente, tal y como aseguró el director de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, se está negociando la vinculación de la evolución del gasto farmacéutico a la del Producto Interior Bruto (PIB), una posibilidad que había sido puesta encima de la mesa por la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, durante la última asamblea general ordinaria de la patronal, celebrada en junio. “Nos parece que hemos llegado al momento adecuado para comenzar a acompasar la evolución del gasto farmacéutico con la del PIB, de modo que podamos dar entrada a la innovación, y aportar a este sector la estabilidad que necesita”, propuso Sanz por entonces.

Así, con la implantación de un modelo de estas características, el gasto solo podría crecer en el caso de que la dinámica de la economía sea positiva. Y por tanto decrecería, aunque siempre de una forma proporcionada, en caso de recesión. Y en el supuesto de que las circunstancias lleven a este a superar el límite marcado por el PIB (estas podrían venir determinadas por el coste de los fármacos, o el aumento de la prevalencia de algunas enfermedades, por ejemplo), serán las compañías las que se hagan cargo, mediante el establecimiento de reglas proporcionales, de ese excedente.

El objetivo que se persigue con esta medida tiene, según fuentes del sector consultadas por EG, una doble vertiente. Por un lado, el Gobierno central ofrecerá así a las comunidades autónomas un escenario de equilibrio, “de modo que ya no podrán quejarse más de que el gasto farmacéutico está desbocado”. Por otro, se aplica una solución que serviría para contentar a una industria que ha acusado fuertemente la caída de la factura pública en medicamentos cercana al 30 por ciento desde que se aprobaron los primeros decretos en el ejercicio 2010.

Una situación que, lejos corregirse, continuaría reproduciéndose en los próximos años, según indicaba Farmaindustria en su última estimación. Esta anunciaba, haciendo uso de datos de IMS Health, una caída del gasto del 2 por ciento en oficina de farmacia en 2014, y del 3,4 por ciento en 2015, mientras que la disminución en hospitales podría ser, según sus cálculos, del 1,8 y el 0,5 por ciento, respectivamente. A la hora de hacer estos números, ya se habían tenido en cuenta los posibles impactos por la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia, el decreto de precio y financiación y otras medidas como las centrales de compra.

En vistas de este previsible escenario, la patronal advertía de consecuencias funestas para un sector que ya ha perdido más de 6.000 empleos (los últimos datos disponibles son de 2012, aunque se han aprobado varios expedientes de regulación de empleo con posterioridad) en lo que llevamos de crisis y que iba a tener muy complicado no seguir con los ajustes estructurales de confirmarse las estimaciones de evolución del gasto. “Si se cumplen estas previsiones y seguimos teniendo un par de años de caídas absolutas, no es previsible que se recupere el empleo perdido. De hecho, es probable que algunas empresas tengan que acometer nuevos despidos”, aseguraba Pedro Luis Sánchez, director del departamento de Estudios de Farmaindustria. En esta misma línea, ha habido algunos laboratorios que han reconocido que la falta de estabilidad y predictibilidad con respecto a la evolución del gasto podría condicionar también las futuras inversiones.

Nuevo escenario

A la espera de que se produzcan avances en la negociación (no se descarta la posibilidad de que se anuncie el acuerdo en la asamblea extraordinaria que prepara Farmaindustria para la elección de Antoni Esteve como sustituto de Elvira Sanz), ya se pueden prever las consecuencias que tendría este nuevo modelo. Solo hay que echar un vistazo a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimaba hace solo unos días un crecimiento del 1,4 por ciento del PIB español en 2014 y del 1,7 por ciento en 2015, cifras que obligarían a un aumento del gasto farmacéutico. Si se cumplieran estas previsiones, por tanto, la factura pública en farmacia evolucionaría en positivo.

Es por ello que las reacciones de algunas fuentes del sector que han sido consultadas, pero prefieren mantener el anonimato, han sido muy positivas. “Durante estos años el gasto farmacéutico ha bajado un 30 por ciento. Si solo lo hubiera hecho al ritmo del PIB, hubiera sido mucho más razonable y no hubieran ocurrido muchas cosas”, señalan. Por su parte, Farmaindustria ha optado por no hacer declaraciones.

Regreso al pasado

En todo caso, para la mayoría de los actores implicados este escenario no sería del todo nuevo. Y es que, ya en los años 90, antes de la transferencia de las competencias, se firmaron algunos conciertos de este tipo entre la administración y la industria. En aquellos casos, “los conflictos aparecían cuando había que repartir las cargas entre las distintas compañías, un proceso en el que Farmaindustria tenía que hacer de árbitro”, explican las fuentes consultadas. Además, recuerdan que la práctica no era exclusiva de España, y que a ella recurrían otros como Italia o Francia.

Ya a finales de los 90, los gobiernos comenzaron a hacer uso con mayor asiduidad de las decretos ad hoc, con medidas más orientadas a la reducción directa de los precios y del gasto. Unas medidas que, por cierto, siempre han suscitado las críticas del sector, que parece moverse más cómodo cuando se establecen unas reglas y unos escenarios de los que se aparta la incertidumbre.

Twitter
Suplementos y Especiales