Ponen en duda la prioridad del genérico sobre el de marca

El Consejo Económico y Social no ve razonable que en el anteproyecto de Ley sobre Farmacovigilancia recoja que a igualdad de precio el farmacéutico deba dar un medicamento genérico u no el de marca

A pesar de ello, aprobó por unanimidad el dictamen sobre este anteproyecto

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25 mar 2013 - 15:00 h
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El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto de Ley sobre Farmacovigilancia que prepara el Ejecutivo, si bien ha destacado que “no parece razonable” que en igualdad de precios el farmacéutico esté obligado a dispensar un medicamento genérico. Este órgano consultivo reconoce que en diversos dictámenes se han mostrado a favor de introducir políticas que fomenten el uso de estos fármacos.

Sin embargo, apuntan en esta ocasión, entienden que en este caso (cuando hay igualdad de precios) puede “abrirse la sustitución también a otras opciones de marca que no superen dicho precio”. Además, advierten de que la toma de decisiones económicas que afectan a un bien de primera necesidad estrechamente vinculado a la salud, como el medicamento, deben estar presididas “en todo caso por argumentaciones y justificaciones de naturaleza humana”.

Por lo demás, y en líneas generales, el CES considera que la trasposición llevada a cabo se ajusta adecuadamente al contenido de las directivas europeas sobre farmacovigilancia y prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. La regulación es “bien acogida” por el consejo, al entender que “profundiza en el control de la calidad y la seguridad en la fabricación y el suministro de los medicamentos, que “pueden entrañar riesgos para la salud derivados de comportamientos irresponsables de los consumidores, pero también pueden relacionarse con la calidad de los productos”. Además, valora positivamente el anteproyecto ante los casos de entrada en el canal de suministro legal de medicamentos falsos en otros países, que han revelado la urgencia de regular su prevención de manera armonizada.

Aumentar el gasto

Por otro lado, el Consejo Económico y Social considera que no parece realista la pretensión del Ministerio de Sanidad, recogida en la memoria económica del anteproyecto, de no incrementar el gasto presupuestario a pesar de la necesidad de un mayor control administrativo. Por eso, según expone, “sería recomendable revisar las previsiones económicas y organizativas vinculadas a la aplicación de la norma a fin de procurar que los procedimientos se resuelvan eficazmente”.

De igual modo, este organismo califica de positivo la extensión a algunos procedimientos que permiten el silencio administrativo, aunque considera que deben ser excepcionales. Respecto al régimen sancionador, el dictamen lo valora como adecuado a los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad y resalta que se haya incluido todo en una única norma, actualmente disperso en varios textos legales.

En esta misma línea, el dictamen considera que las sucesivas reformas legales conducen a una ley del medicamento que “cada vez tiene menos que ver” con el texto aprobado en 2006, lo que actúa en detrimento del principio de seguridad jurídica. Por este motivo, el Consejo Económico y Social solicita un texto refundido eventual, y considera que la claridad, coherencia y continuidad de los principios que informan la política del uso racional del medicamento deberían plasmarse en una mayor estabilidad de su marco regulador.

Respecto a la regulación de la venta por Internet, que queda pospuesto a un ulterior desarrollo legislativo, solicita diligencia en tal desarrollo, procurando que contemple todas las garantías necesarias y proporcione un marco formativo seguro.

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