Soledad Cabezón Eurodiputada socialista | viernes, 22 de julio de 2016 h |

Cuando el reciente tratamiento aprobado para la hepatitis C, sin tratarse de una innovación siquiera, sino de otra indicación o uso, pone “en jaque” el equilibrio presupuestario sanitario de un país quiere decir que algo falla en el sistema. Los altos precios de las innovaciones, el desabastecimiento de medicamentos esenciales o la falta de investigación en determinadas enfermedades son algunos de los aspectos que dificultan el acceso a los medicamentos en Europa.

El siglo XXI será el de la ciencia y tecnología y se debe garantizar que la investigación e innovación en salud vengan a mejorar nuestras sociedades de forma equitativa, sin que sea un nuevo factor de desigualdad. El derecho fundamental a la protección de la salud debe condicionar que los medicamentos no puedan ser considerados un bien de consumo más sino como un bien social, y en aras a estas premisas debe regularse la política farmacéutica. Mientras el mercado se encuentra protegido por la propiedad intelectual para garantizar el retorno de la inversión e incentivar la investigación, no se puede olvidar que el fin último de este es el beneficio de la sociedad. Además, el que los precios los establezca la industria en base al PIB del país y el valor que ésta le asigna se traduce en el máximo que se está dispuesto a pagar por él, como si de cualquier otro producto en un mercado de libre competencia se tratara.

En definitiva, estamos ante un mercado socialmente ineficiente que se debe regular para alcanzar el equilibrio, donde la sociedad se encuentre en el centro y garantizar un acceso equitativo, de calidad, seguro y sostenible de los medicamentos por la ciudadanía. No sólo es deseable; también es posible.

Los estados miembro y la Comisión deben trabajar de forma conjunta, exigir transparencia en los costes de investigación, garantizar la calidad y evaluar el valor terapéutico, promover un nuevo sistema de precios, una política de URM, revisar el funcionamiento del sistema de patentes y el actual sistema de incentivos a la investigación, fomentando una investigación pública que dé respuesta a las prioridades médicas.