En línea con la incertidumbre imperante en los últimos tiempos, el subsector de los servicios profesionales sigue expectante sobre lo que ocurra con una ley que, en el caso de ver la luz sin incorporar los planteamientos que hemos realizado, podría afectar a la esencia de las profesiones colegiadas en España y tener graves consecuencias para la ciudadanía. El ‘mercado’ de los servicios profesionales se basa en la confianza, ‘cualidad’ imprescindible para que el usuario o consumidor contrate los servicios de un profesional o ser atendido por él. Ponemos nuestra salud, seguridad, bienes, patrimonio y otros servicios en sus manos, y debemos tener la certeza de la buena práctica de ese profesional. Por ello, existen los colegios profesionales y la colegiación: para velar porque sus profesionales cumplan con las normas deontológicas establecidas en el seno de la profesión. De ahí que se inste al legislador a mantener la colegiación en todas las profesiones sanitarias en las que, como ocurre en las jurídicas, científicas, económicas, sociales y técnicas, se ven afectados derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, además, el profesional debe estar colegiado donde tenga su domicilio habitual para que quede mejor respetada, como dice el dictamen del Consejo de Estado, “la función de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones” y, por ende, mejor protegidos los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.
En el último anteproyecto aún se observaba una intolerable injerencia por parte de una administración indefinida, que anularía la autonomía y autorregulación de los colegios. Además, incorporar en una ley limitación a las cuotas colegiales no es ajustado a técnica legal ni a la realidad de los colegios, ya que, en la mayoría de los casos, su coste se encuentra justificado por los servicios prestados a la sociedad y a los colegiados. Asimismo, debería desaparecer la Comisión de Reforma de las Profesiones prevista. Es innecesaria, ya que desde los ministerios de adscripción ya se llevan a cabo las funciones previstas para ella. Desde UP propusimos crear una Comisión Consultiva de las Profesiones de carácter mixto y paritario para emitir informes sobre normativa o para desarrollar la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la UE.
