EL GLOBAL Madrid | jueves, 03 de diciembre de 2015 h |

La biotecnología entra en la campaña electoral. Representantes del Partido Popular, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Podemos participaron el pasado miércoles en un debate sobre ciencia, organizado por la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB) en el Centro de Investigaciones de Biológicas (CIB). Durante el encuentro los partidos plantearon la necesidad de alcanzar un Pacto por la Ciencia que permita crear un marco estable, así como otros temas de actualidad relacionados con los sectores científicos y biotecnológico.

Los partidos coincidieron en la importancia de que los presupuestos para investigación, desarrollo e innovación alcancen el dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se encuentra en el 1,28 por ciento. José María Divar, farmacéutico, biólogo y secretario adjunto de Sanidad y Servicios Sociales del Partido Popular, reclamó una mayor participación de la iniciativa privada en la inversión destinada a I+D+i: “En España aporta el 50 por ciento y la media europea es del 66 por ciento”. El representante del PP admitió que el Instituto de Salud carlos III no cuenta con fondos suficientes y expresó su intención de que esta situación pueda cambiar en la próxima legislatura.

Juan Cruz Cigudosa, doctor en Biología, emprendedor y colaborador de la Secretaría Federal de Ciencia del PSOE, apostó por: “Sacar la ciencia del debate político” con el objetivo de que la inversión en I+D+i no dependa “del ciclo económico”. El representante del PSOE destacó la rentabilidad del sector biotecnológico: “Unas 200.000 personas trabajan en biotecnología y producen el 1,9 por ciento del PIB. Esto significa que somos rentables”, argumentó. Cigudosa planteó la necesidad de incrementar los recursos humanos, aumentar la formación en transferencia tecnológica, así como medidas para potenciar el papel de las pymes.

Rafael Calduch, doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), destacó que este Plan Nacional para la Ciencia debe integrar medidas para establecer una mayor: “Coordinación entre las comunidades autónomas y la empresas”. Su partido apuesta también por situar a la I+D+i en el dos por ciento del PIB, aunque advirtió que: “Incrementar los presupuestos no dará resultados si no aumentamos los recursos humanos”. Calduch insistió en que los límites a la tasa de reposición han supuesto “una descapitalización humana”.

José Andrés Llamas, doctor en Medicina y secretario de Salud de IU-Madrid, apostó también por alcanzar ese dos por ciento e incluso superarlo. Destacó la importancia de: “Invertir en I+D con una planificación adecuada a las necesidades de la sociedad”. Ante esta situación, planteó la eliminación de los paraísos fiscales con el fin de aumentar la capacidad recaudatoria del Estado y poder destinar este dinero a la investigación.

David Foronda, Biólogo, doctor en genética, investigador en el Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB) Singapore y portavoz de Podemos, propuso la creación de: “Una banca pública de inversión” con el objetivo de dotar más fondos a la I+D+i. El representante de Podemos reclamó la participación del Gobierno en inversiones de capital riesgo para ayudar a las compañías en fases tempranas o con necesidades de crecer. Sobre el sector público insistió en la reforma del CSIC y los OPIs que funcionan “con estructuras de hace dos siglos”. También señaló que esta transformación debe producirse en la universidad, aunque admitió que es más complicado por las competencias de las comunidades y “la autonomía de la universidad”.

Manuel Rincón, miembro de la Comisión Política-Científica de Ciudadanos, señaló que su partido defiende: “Un proyecto ilusionante” que permita “atraer empresas innovadoras a través de políticas fiscales innovadoras”. En esta línea apostó por el modelo irlandés con el objetivo de atraer empresas de corte tecnológico. Rincón apostó también por medidas que mejoren la recaudación de la Agencia Tributaria, lo que facilitaría “en cuatro años llegar al dos por ciento del PIB” con 4.500 millones adicionales al año.